Las asociaciones profesionales de jueces y fiscales han pedido a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que el Gobierno dicte un Decreto-Ley para anular la reforma implantada por el PP en 2015 y que estableció unos plazos máximos de duración de la instrucción. Según la Unión Progresista de Fiscales (UPF), es urgente este Decreto-Ley dado que el próximo 6 de diciembre vence el plazo máximo de 18 meses para instruir los casos abiertos antes de la reforma, entre los que destacan sumarios por presunta corrupción. La UPF afirma que estos plazos máximos impiden a los jueces y fiscales perseguir los delitos y favorecen la impunidad de los delincuentes. El PP está boicoteando en las Cortes la anulación de los plazos.
