Los argumentos por los que Jaume Matas pretendió convencer de los beneficios que recibiría Balears invirtiendo fondos públicos en los proyectos que encabezaba Iñaki Urdangarin, ni convencieron a las tres magistradas de la Audiencia de Palma, ni tampoco lo ha hecho ahora con el Tribunal Supremo. Matas tendrá que ingresar en prisión, porque la sentencia que le condena a tres años y ocho meses de privación de libertad ya es firme. En horas se le comunicará la fecha de su ingreso como culpable de malversación y fraude a la administración.
Quienes eludirán el ingreso en prisión son los cuatros antiguos altos cargos del Govern que facilitaron este trato de favor recibido por Urdangarin. El Tribunal Supremo no modifica la condena que impuso al exdirector general de Deportes, Pepote Ballester, al exdirector de Ibatur, Juan Carlos Alía, al que fuera gerente de la empresa pública Illestur, Gonzalo Bernal, ni al exasesor jurídico de Ibatur, Miguel Ángel Bonet. Condenas de prisión que no tendrán que cumplir en la cárcel, porque se sustituyen con multa.
El Tribunal Supremo respeta el acuerdo que estos antiguos altos cargos alcanzaron con el entonces fiscal Pedro Horrach. De hecho, sus declaraciones, sobre todo las de Ballester, fueron claves para que el tribunal estableciera la responsabilidad directa de Matas al ceder los fondos públicos a Urdangarin, desmontando la clásica excusa del expresident de que él tomaba las decisiones, pero que se desentendía de cómo se llevaban a cabo.
La mayor parte de los argumentos de Matas para convencer al Supremo de que su condena era injusta se focalizaban en atacar a Ballester, pero esta estrategia no le ha servido de nada. Es más, los magistrados creen que las declaraciones del exdeportista olímpico "son más creíbles" que las del expresident. Los cinco magistrados que declaran firme la sentencia de la Audiencia de Palma critican la "despreocupación" que mostró Jaume Matas al no interesarse por conocer el destino del dinero público que cedió a Iñaki Urdangarin, sin olvidarse tampoco del "desprecio" que mostró a los principios de contratación pública que estaba obligado a cumplir. "Revela una indiferencia hacia la alta probabilidad de que lo que ya era un despilfarro pasase a ser una malversación", señala el Supremo.
Secuencia de hechos
Rechazan los magistrados que la condena contra Jaume Matas pivote únicamente sobre la declaración de Ballester. "Son las manifestaciones del acusado unidas a una secuencia de hechos, que demuestran la nula preocupación del recurrente (Matas) por dar buen uso a los fondos públicos", señala la sentencia. Y la remata recordándole a Matas que "ese dejar hacer y favorecer la situación de descontrol sin importarle las consecuencias, representa algo más que una vaporosa responsabilidad política".
Aunque Matas atacara a Ballester y dijera que le implicaba en la trama Nóos, diciendo que le había ordenado que pagara el dinero que reclamaba Urdangarin pese a que conocía que no había cumplido con el contrato, el Tribunal Supremo da más credibilidad a la declaración del exdirector general de Deportes. Y señala que por el hecho de que llegara a un acuerdo con la acusación, no se puede interpretar que Ballester mienta sobre Matas, en busca de un beneficio personal. "Los posibles beneficios penalógicos han de ser tomados en consideración, no desacreditan por sí solos la acusación de un coimputado (Ballester) que, no estando obligado a decir la verdad, pero no puede acusar impunemente a terceros (Matas)", sentencia el Supremo.
Los deseos de Matas de favorecer al exduque de Palma, al aceptar sin ningún tipo de límites el proyecto que le presentó en su visita al Consolat, va a suponer una importante factura económica a las arcas públicas de Balears. El Tribunal Supremo coincide con las magistradas de la Audiencia en que los presupuestos de los dos congresos turísticos que organizó el Instituto Nóos, con un coste de 2,2 millones de euros públicos, estaban dentro de los precios de mercado. Y ello, más allá de que no se controlara el destino que se dio al dinero público, impide que Urdangarin y su socio Diego Torres tengan que devolver ahora los 2,2 millones de euros. Solo tendrá que devolver los fondos que cobraron por la oficina de seguimiento del equipo ciclista.
