La posible agresión a un niño en una guarderíaagresión a un niño en una guardería de Palma ha reavivado el debate sobre qué controles pasan estos centros que atienden a menores de 0 a 3 años. El Govern y el ayuntamiento de Palma reiteraron ayer la necesidad de crear algún tipo de regulación.
¿Quién es a día de hoy la institución responsable de supervisar el funcionamiento de las guarderías? No es la conselleria de Educación, ya que bajo su jurisdicción solo están las escoletes públicas y los centros de educación infantil (CEI), que se engloban dentro de la llamada red educativa. Las guarderías privadas, según sentencia del Tribunal Supremo de 2012, se considera que forman parte de una red asistencial.
Pero Servicios Sociales tampoco es hoy la conselleria responsable del funcionamiento de las guarderías. Fina Santiago trató de abordarlo con un proyecto de normativa, pero generó el rechazo de los defensores de las escoletes (agrupados en la Assemblea 0-3), quienes argumentaron que esta etapa siempre es educativa y alertaron del riesgo de consolidar esta doble red y crear "centros de primera y de segunda".
Del Govern a los Consells
Así, el Parlament aprobó el pasado febrero la proposición de Més per Menorca de aparcar el decreto y, entre otras medidas, dejar en manos de los Consells insulares cualquier posible regulación, teniendo en cuenta que la realidad varía mucho de una isla a otra (en Menorca apenas hay guarderías).
Para estudiar ese tema, los órganos insulares están presentes en la comisión técnica de trabajo consituida ayer en Educación.
Así, las instituciones públicas que más margen tienen para actuar en las guarderías siguen siendo los ayuntamientos, aunque su capacidad es limitada.
En el caso de Palma, donde se ha registrado el vídeo de la agresión, Cort admitió tener ciertas competencias y anunció la puesta en marcha de una campaña de inspección por parte de la Policía Local, pero recordó que su capacidad de actuación en estos centros está muy restringida.
"No podemos taparnos los ojos"
Susanna Moll, concejal de Educación, lamentó ayer que "no es el primer caso" de posible agresión detectada en una guardería del municipio (hace escasas semanas la dueña de otra guardería fue condenada por vejaciones a los niños) y concluyó que "hace tiempo" que estos centros necesitan una regulación y que las instituciones "no pueden seguir tapándose los ojos".
En la campaña de inspección impulsada por Cort se revisará lo que pueden inspeccionar: las condiciones mínimas de seguridad de los locales; si tienen licencia de actividad y que su cartel y los servicios que publicitan se corresponden con esa actividad (es decir, que no se anuncien como escoletes o centros educativos si no tienen la acreditación como tales por parte de Educación).
Por escoletes escoletesse entienden los centros municipales públicos y los de educación infantil privados que cumplen con la legislación elaborada por Educación con el anterior Pacte de Progrés (una norma que establecía mínimos de espacio; titulación del personal; ponía a los centros bajo la supervisión de Inspección educativa...).
Las guarderías son centros que atienden a niños de 0 a 3 años desde un enfoque asistencial y no educativo. Las patronales de guarderías PIMEM y Escola Catòlica impugnaron que se les obligara a cumplir con la norma de Educación y el TSJB dictaminó que dado que esta etapa no es de escolarización obligatoria es compatible que existan dos redes, una educativa y una asistencial; argumento que el Supremo confirmó en 2012.
Por eso Fina Santiago planteó su proyecto de regulación, fijando condiciones mínimas de espacios; horarios de apertura y titulaciones del personal (más laxas que las de la normativa de Educación).
Unos 1.700 niños en guarderías
La consellera consideró que la postura del Govern "quedó muy clara" pero que el Parlament decidió que debían "retirar este decreto y que lo tenían que regular los Consells". Añadió: "Calculamos que hay 1.700 niños en espacios no regulados, que cumplen dos únicas condiciones: tener una licencia de actividad y una instalación eléctrica; lo mismo que se exige para una abrir una mercería".
Santiago reclamó ayer una norma para garantizar que los cuidadores tengan una mínima formación profesional: "No sé si podemos hablar de un caso aislado o no, lo que nos preocupa es que a día de hoy no sabemos quién está cuidando a nuestros niños".
El sindicato CCOO fue otra de las voces que ayer reclamó regular las guarderías privadas "en beneficio de sus trabajadores y alumnos, que sufren la precariedad del sector".
