El exregidor del Ayuntamiento de Andratx, Jonás Antonio Palomo, representante del Pí, ha declarado esta mañana como imputado por un presunto delito de malversación de caudales públicos, como consecuencia de su gestión al frente de la regiduría de obras. Se le acusa de haber gastado unos 30.000 euros en productos para unos servicios que ya venían cubiertos con la contrata que el Ayuntamiento tenía con una empresa. Se trataba de la compra de fluorescentes y productos químicos para limpiar los grafitis.

El político de Andratx, defendido por el abogado Jaime Campaner, explicó esta mañana al fiscal Nicolás Pérez Serrano que el proceso de contratación de suministros siempre fue el mismo que se implantó en anteriores legislaturas. Sobre la compra de los productos químicos y los fluorescentes, que le recrimina la acusación, Palomo detalló que intentó que se elaboraran unos pliegos para estas contrataciones y que lo hizo a los técnicos del Ayuntamiento. Sin embargo, estos documentos nunca se llegaron a elaborar, por el excesivo trabajo que tenía el técnico, por lo que realizó las compras directamente con el fabricante.

Explicó que una de las empresas se puso en contacto con él por teléfono. Le enviaron unas muestras, los operarios del Ayuntamiento realizaron unas pruebas y se decidió comprar este material. Justificó que el número de productos que se debían comprar lo establecían los operarios municipales.

La fiscalía le recrimina que el servicio de limpieza de grafitis estaba incluida en un contrato firmado con la empresa Melchor Mascaró. Sin embargo, el político del Pi aseguró que no conocía estas circunstancias. Sin embargo, aseguró que era la brigada municipal la que se dedicaba a limpiar los grafitis de las señales y las paredes de la vía pública, en vez de la empresa de servicios.

Sobre la compra de fluorescentes, que también aparecían incluidos en el contrato de servicios, aseguró que se trataba de reducir el consumo y el coste de la iluminación de los edificios municipales. Explicó que en un año el Ayuntamiento había ahorrado 80.000 euros en electricidad y el objetivo era reducir aún más el coste en los edificios municipales. Por este motivo, compró este material de bajo consumo.

El fiscal también le preguntó sobre la venta de chatarra, recogida en la calle, y la organización de unas comidas con los trabajadores municipales. Palomo explicó que esta venta era una práctica habitual que realizaba la brigada y que con el dinero obtenido se organizaban torradas en el almacén de obras. Iban los trabajadores y algunos invitados. Él acudió a tres comidas. Explicó que se enteró de esta venta de chatarra podría ser una actividad ilegal y que por ello lo comentó con la actual alcaldesa, que habló con los trabajadores municipales para que devolvieran el dinero que habían cobrado.

Cabe recordar que Jonás Palomo tuvo que abandonar su cargo público como consecuencia de las presuntas irregularidades descubiertas por el propio Ayuntamiento de Andratx, que detectó que la regiduría gastaba al mes casi 2.000 euros en unos productos que debía comprar la empresa contratada por el mantenimiento.