El Colegio de Abogados de Baleares se ha adherido a las reivindicaciones y movilizaciones de la judicatura y la fiscalía para dotar de mejores medios a la Justicia y potenciar la independencia de jueces y fiscales. La junta de gobierno del Colegio de Abogados de Baleares (ICAIB) también ha acordadoexigir al ministerio de Justicia un aumento de las retribuciones a los letrados del turno de oficio, que cobran lo mismo desde hace 20 años. Los jueces y fiscales de toda España han convocado una huelga general para el día 22 en apoyo de su plataforma de 18 reivindicaciones al ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo.
El acuerdo de la junta insta, además, a los poderes públicos a aumentar la inversión "en un servicio esencial en el Estado de Derecho", así como a acometer todas aquellas reformas que permitan la consecución de los siguientes objetivos: un trato digno a los profesionales del turno de oficio; una justicia con medios e independiente; la adopción de medidas que posibiliten la conciliación efectiva de la vida familiar, personal y profesional de todos los agentes que intervienen en la administración de Justicia y la vinculación de la recaudación de las tasas judiciales al sistema de justicia gratuita.
Así, los miembros del órgano rector de la abogacía balear insisten en la necesidad de que el ministerio de Justicia mejore de forma sustancial las indemnizaciones que perciben los abogados adscritos al turno de oficio, lo que, recuerda, implica no solo la actualización y el incremento del actual baremo de pago, sino también el reconocimiento y la inclusión en el mismo de nuevos módulos, destinados al pago de determinadas actuaciones letradas que, pese al trabajo que implican, ahora mismo no están contempladas en baremo. Reclaman asimismo que se atiendan las particularidades propias de la pluriinsularidad.
Además, la junta considera del todo necesario acometer las reformas legislativas necesarias para reforzar la independencia judicial y dotar a la Justicia de los medios materiales y humanos necesarios para que ésta "pueda funcionar de forma ágil, segura y eficiente, y ofrecer la respuesta adecuada que reclama - y merece- la ciudadanía".
El acuerdo, adoptado el lunes, insta a la adopción de medidas que posibiliten la conciliación real de la vida profesional, personal y familiar de todos los agentes que intervienen en la Administración de Justicia.
Aboga también, por último, por que se establezcan los mecanismos que permitan vincular la recaudación obtenida con las tasas judiciales al sistema de justicia gratuita, en cumplimiento de lo que, a tal efecto, se establece en el artículo 11 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre.
