Los doscientos jueces y fiscales destinados en Balears están llamados, el próximo 22 de mayo, a una jornada de huelga para protestar contra la cerrazón del ministerio de Justicia frente a sus reivindicaciones de mejoras de medios materiales, incremento de la independencia y mayores retribuciones salariales. El paro ha sido convocado a escala nacional por las siete asociaciones profesionales de jueces y fiscales y tendrá como aperitivo sendas horas de inactividad todos los jueves del próximo mes.
El martes de la semana pasada los representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura, Juezas y Jueces para la Democracia, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional Independiente de Fiscales se reunieron con el ministro de Justicia, Rafael Catalá. El encuentro no satisfizo a las asociaciones que ayer mismo comunicaron el calendario de movilizaciones al ministerio de Justicia, al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la autoridad laboral de Madrid.
El 16 de junio del año pasado las siete asociaciones suscribieron una tabla con 14 propuestas para mejorar la Justicia, que comprendían desde el reforzamiento de la independencia judicial, la modernización de la Administración de Justicia y las condiciones profesionales de los miembros de la carrera judicial. Algunas de estas actuaciones son competencia de las Cortes Generales, otras del Gobierno y el resto del CGPJ.
Más jueces y fiscales
Los cambios que se reclaman son muy diversos y pasan desde el incremento de la plantilla de jueces y fiscales, para equipararla a la media europea, la racionalización de la planta judicial y fiscal para evitar la precarización laboral de las últimas promociones, hasta la convocatoria de la mesa de retribuciones, para recuperar los salarios perdidos en 2010 por la crisis.
Las asociaciones de fiscales piden, entre otras medidas, la derogación del sistema de plazos máximo de instrucción, la paralización de la implantación de la Fiscalía Digital, en tanto no se dispongan de los medios adecuados, la atribución a la Fiscalía General del Estado de la formación de los fiscales, la fijación de las cargas de trabajo y la independencia del Ministerio Fiscal y su autonomía presupuestaria.
Los colectivos también han instado a que se cambie la elección de vocales de procedencia judicial del CGPJ y la supresión de los magistrados designados por los Parlamentos Autonómicos (los partidos políticos) entre juristas de reconocido prestigio.
La huelga del 22 de mayo será, si finalmente se lleva a cabo, la cuarta de jueces y fiscales de la actual etapa democrática. Las dos primeras (solo de jueces) tuvieron lugar en 2009 y la tercera (de jueces y fiscales) en 2013. En la primera y la tercera el seguimiento a escala nacional rondó el 63%. En la segunda (convocada únicamente por la Asociación Profesional de la Magistratura), la adhesión fue del 30 por ciento de la judicatura.
El pasado 5 de abril decenas de jueces y fiscales se concentraron a las puertas del TSJB para hacer públicas sus reivindicaciones profesionales.
