El ex número dos de Ruth Mateu la contradice sobre los contratos de Més

Los tres antiguos altos cargos elegidos por el partido nacionalista Més para dirigir la política cultural del Govern se presentaron ayer ante el juez con una estrategia común, con el objetivo de justificar los contratos a dedo que firmaron con la empresa de Jaume Garau, el antiguo jefe de campaña.

Tanto la entonces consellera, Ruth Mateu, como su antiguo número dos, el director general de Cultura, Jaume Gomila, así como el exresponsable del Institut de Estudis Baleàrics pretendían convencer al juez de que no existió ningún interés en beneficiar a Garau a través de la fórmula del fraccionamiento de contratos, como mantiene la fiscalía Anticorrupción, que acusa a los tres políticos de prevaricación y tráfico de influencias. Sin embargo, mientras que la entonces consellera dijo que en ningún momento controló los contratos que se investigan, dado que el coste no alcanzaba el medio millón de euros, su número 2 la contradice. Gomila aseguró ayer, a preguntas de la fiscal ClaraLavado, que la consellera estaba enterada de todos los contratos que se firmaban desde la dirección general de Cultura.

Tras un interrogatorio que se prolongó durante toda la mañana hay un dato importante que no quedó claro: ninguno de los tres investigados llegó a aclarar quién fue la persona que se encargó de seleccionar a las empresas que presentaron las ofertas económicas para realizar estos proyectos. Se trataba de tres estudios. Uno se firmó desde la dirección general y los otros dos desde el Instituto de Estudis Baleàrics. La conselleria de Cultura dedicó 45.955 euros en una encuesta sobre los hábitos de cultura en Balears, otro sobre el impacto de la cultura en las islas y un tercero sobre los hábitos de consumo cultural.

La fiscal cuestionó ayer la utilidad que podrían tener estos estudios para el desarrollo de la política cultural del Govern. Sin embargo, Gomila defendió la necesidad de estos trabajos y los consideró básicos para desarrollar la política cultural que pretendía realizar la conselleria dirigida por Més.

Los tres políticos investigados coincidieron en otra afirmación que también cuestiona la fiscalía. Todos ellos afirman que, en el momento de la firma de estos tres contratos, no conocían que detrás de estas empresas estuviera la figura de Jaume Garau. Es decir, intentan demostrar al juez que nunca existió interés alguno de beneficiar económicamente al que fuera jefe de campaña del partido nacionalista.

La fiscalía entiende que los tres contratos, en realidad, eran un proyecto único, pero que se acudió a la fórmula del fraccionamiento para justificar la contratación de Garau. Esta afirmación también la rechazan los tres investigados, que mantuvieron ayer que los tres estudios eran independientes entre ellos y, por ello, el fraccionamiento estaba más que justificado.

Jaume Gomila insistió en que no supo hasta mucho después de firmar los contratos, que las empresas elegidas tenían una relación directa con Garau. Al ser preguntado si en algún momento se interesó por conocer quién había detrás de las empresas que fueron invitadas a participar en estos proyectos, contestó que no buscó esta información en el registro. Sin embargo, Gomila consideró hasta lógico que se eligieran a estas sociedades, porque aclaró al juez que son muy pocas las empresas de Balears que se dediquen a este tipo de trabajos de interpretación de datos.

En cualquier caso, el exalto cargo de Cultura insistió en que no le unía ningún tipo de amistad personal con el entonces jefe de campaña del partido que le eligió para el cargo político, al tiempo que defendía la calidad de los trabajos que presentó, que es otro de los argumentos a los que recurre Gomila para justificar esta contratación.

No se vetaba a nadie

Ruth Mateu también quiso convencer al juez de que nunca existió intención alguna de beneficiar al exjefe de campaña de Més a través de la fórmula de fraccionar los contratos a dedo. Señaló la exconsellera que desde su departamento nunca se vetó a una empresa determinada, ni tampoco se pidió que se contratara a una empresa determinada, e insistió en que siempre se cumplió la ley de contratación pública.

Tras abandonar el despacho del juez, Mateu aclaró a la prensa que la empresa que realizó las encuestas sobre los hábitos de cultura, solicitada desde la dirección general, no tenía ningún tipo de relación con Garau, según se señala en un reciente informe presentado por la Policía. También detalló que el objeto de las otras dos contrataciones que se impulsó desde su conselleria no estaba relacionado. Por ello, defendió que se realizaran dos contrataciones separadas, fórmula que cuestiona la fiscalía y el propio Govern, que está personado en la causa a través de la abogacía de la comunidad autónoma.

Quien también negó el fraccionamiento de contratos fue Josep Ramon Cerdà, exdirector del Instituto de Estudis Baleàrics, que consideró que su cese fue una decisión equivocada, puesto que no existía ninguna irregularidad en los contratos que firmó con Garau. El exalto cargo de la conselleria señaló que la selección de empresas que fueron invitadas para desarrollar estos trabajos se decidió desde la dirección general de Cultura, si bien señaló que él participó en la elección de la mejor oferta. Cerdá aclaró que se eligió "la oferta más económica".

Tras concluir su declaración, Cerdà detalló que no descubrió que se había contratado a Garau hasta mucho después de firmar los contratos y recibir los trabajos. Sin embargo, no le dio mayor importancia a este detalle, porque "era una empresa como otra cualquiera" y entendió que no produciría "ningún escándalo". El exdirector de este instituto que depende de la conselleria de Cultura quiso dejar muy claro que, a nivel personal, no tenía ningún tipo de relación personal con el ideólogo de la campaña electoral. Explicó que únicamente habían coincidido en un acto. "Yo creo que se montó una gran bola a partir de nada", dijo Cerdà, que explicó que, al ser un cargo de confianza de la consellera, tuvo que abandonarlo como consecuencia directa del cese de Ruth Mateu.

Las declaraciones del caso Més continuarán hoy con la presencia de Pere Muñoz, exdirector de la Agencia de Turismo de Balears, y del propio Jaume Garau, que defenderá sus contrataciones.