El juzgado de instrucción número 1 de Palma aún no da por cerrada la investigación de la operación Rocamar, ya que todavía se está pendiente de tomar declaración a otros investigados y a otros testigos. El juez Sobrino ha decidido llamar a declarar a las socialistas Joana Barceló y Bel Oliver. La primera dirigió la conselleria de Turismo en el segundo Govern del Pacto, en la época en la que se iniciaron los trámites para comprar el Rocamar. Bel Oliver, por su parte, representaba al Consell de Mallorca en la junta rectora del consorcio que tramitaba esta operación y fue quien propuso que se solicitaran tres estudios técnicos para establecer el precio del edificio que se pretendía adquirir para su posterior derrumbe.
Estas dos políticas declararán a principios del próximo mes de marzo y ambas lo harán en calidad de testigos, ya que pese a que fueron las que iniciaron el proyecto, en ningún momento se ha planteado que pueden estar salpicadas por las presuntas irregularidades que se están investigando. El juez ya se había planteado llamarlas a declarar para conocer más detalles del origen de esta decisión de compra, pero fue el abogado defensor de los tres funcionarios imputados el que esta semana propuso ambas declaraciones, que han sido acordadas por el magistrado.
Durante esta semana, como había solicitado la fiscalía, el juez ha citado a los integrantes de la junta rectora del consorcio que aprobó la compra del antiguo hotel del Port de Sóller. Ha destacado la declaración de los dos representantes sindicales, que han acusado a Turismo de haberles ocultado información, en concreto las tres valoraciones que se habían realizado. Dijeron que tras publicarse en este periódico las presuntas irregularidades que se habían cometido en la operación, Delgado les llamó a una reunión urgente y exigió a todos los representantes de la junta un apoyo unánime al trabajo que habían realizado los tres funcionarios de la conselleria de Turismo. El exconseller negó al juez que se hubiera dado un clima tenso durante esta reunión.
