03 de enero de 2018
03.01.2018
Educación

Unos 50 profesores interinos denuncian su "contratación fraudulenta" en Bruselas

Acusan al Govern de fraude al no haber organizado oposiciones en seis años y califican de "ERE masivo" la próxima convocatoria - Educación niega que los contratos sean irregulares y señala que un interino solo puede ser fijo vía oposiciones

03.01.2018 | 08:30
Balears es la comunidad con mayor proporción de profesorado interino en su sistema de enseñanza. Y algunos de ellos, unos 50 de momento, se han unido a una demanda masiva para denunciar al Gobierno y al Govern ante la Unión Europea por su "contratación fraudulenta".

La Asamblea de Interinos en Defensa de la Experiencia Docente esgrime al Acuerdo Marco de 1999 y el Estatuto Básico del Empleado Público para lanzar esta acusación. Esta organización señala que se comete fraude de ley cuando un interino desarrolla el trabajo de un funcionario de carrera durante más de tres años y un día sin que durante ese tiempo se le haya dado la opción de tener los mismos derechos y condiciones de estabilidad.

En el archipiélago no se convocaron oposiciones entre 2011 y 2017 e incluso en algunas especialidades se ha estado más de diez años sin que las plazas salieran en oferta pública de empleo.

El año pasado sí hubo oposiciones (se ofertaron 400 plazas) y este verano se ofrecerán 1.007 plazas. La previsión del Govern es ofertar hasta tres mil plazas en los próximos tres años. A día de hoy hay en Balears 4.066 interinos docentes (son el 38% de la plantilla). Según una encuesta reciente realizada por CCOO, un 91% de estos profesores llevan en régimen de interinidad más de tres años (un 63% acumula más de diez años).

Ante las convocatorias de empleo público previstas por Educación estos interinos ven peligrar sus puestos de trabajo ya que, argumentan, "no pueden permitirse preparar unas oposiciones" y por eso las ven como "un ERE masivo". Esta asociación defiende además que sus plazas están consolidadas.

Deploran que tras tantos años de trabajo ahora dejen de "ser válidos" para la Administración. Acusan al Gobierno como "responsable directo", pero también apuntan al Govern y a los sindicatos al considerar que "han fomentado" la situación con la firma de pactos de estabilidad.

Uno de los puntos del Estatuto Básico del Empleado Público en los que se fija esta organización es el artículo 61.6, que contempla que, de forma excepcional, pueden convocarse concursos de méritos para consolidar plazas.

La asociación considera que "la contratación fraudulenta de millones de interinos, la crisis económica más grande de nuestra democracia, la secesión de una comunidad autónoma y las sentencias de los tribunales europeos" suponen una situación excepcional y justifican por ello la convocatoria del concurso de méritos en vez del concurso-oposición.

Parte del problema para estos profesores es que las ofertas de empleo público tienen una primera fase (la teórica, la oposición propiamente dicha) que es eliminatoria. La experiencia acumulada (la gran baza de este colectivo) solo se cuenta a los aspirantes que llegan a la segunda fase (la del concurso). Y estos docentes, entre el trabajo y cargas familiares que han ido adquiriendo, argumentan que no están en igualdad de condiciones con un recién titulado para afrontar la primera fase de oposiciones.

Por eso los sindicatos STES, CCOO y UGT reclamaron al ministerio de Educación suprimir el carácter eliminatorio de esa primera fase, pero el Gobierno se negó aludiendo al principio de igualdad de oportunidades.

"Nefastas consecuencias"


Así, ante la convocatoria de empleo público de este verano esta asociación augura "nefastas consecuencias" para miles de profesores que tras tantos años "ya dominan su profesión a base de palos y palos" y "han consolidado sus puestos".

Por eso, por "los derechos esenciales de los trabajadores", piden al conseller Martí March (con el que tienen pendiente reunirse) que suspenda las oposiciones hasta que se resuelvan las denuncias que está presentando en el Tribunal de Justicia de la UE el abogado laboralista Manuel Martos (han presentado más de 2.000 denuncias de interinos de todo el país).

Desde la conselleria de Educación niegan que se haya cometido fraude de ley ya que, argumentan, los interinos finalizan su contrato al acabar el curso y vuelven a ser contratados para el siguiente y se incorporan el 1 de septiembre.

Por otro lado, argumentan que "legalmente no es posible" hacer fijos a funcionarios interinos docentes sin pasar por un proceso de oposiciones.

Fuentes oficiales de la Conselleria recuerdan que son cuerpos estatales y que las características del proceso de oposición vienen marcadas desde el Ministerio y las comunidades autónomas no las pueden modificar. La situación en Educación es diferente de la de Salud y Función Pública, dónde las autonomías si tienen la competencia de diseñar las ofertas públicas de empleo (pueden elegir temarios, la forma de valoración...). Subrayan que en Educación el proceso viene determinado desde Madrid.

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