28 de diciembre de 2017
28.12.2017
Conflicto en el transporte

Los' taxis' de Uber y Cabify topan en Baleares con los ayuntamientos

El Govern incluirá en la Ley de Transportes la exigencia de una licencia municipal para que los vehículos de alquiler con chófer puedan trabajar

27.12.2017 | 20:49
Imagen de una asamblea de taxistas para tratar la creación de su empresa de VTC.

Los ayuntamientos van a tener la capacidad de limitar la actividad que puedan desarrollar las plataformas Uber, Cabify y similares en Balears. El Govern ha decidido introducir en la Ley autonómica de Transportes la exigencia de contar con una licencia municipal para aquellos vehículos de alquiler con conductor (VTC) que pretendan prestar servicios urbanos, es decir, los trayectos que se desarrollan dentro de una misma población, de forma que en este aspecto queden equiparados a los taxis.

El director general de Transportes, Jaume Mateu, destaca que el objetivo es que esta medida pueda entrar en vigor antes de que concluya la tramitación de 960 autorizaciones de VTC en Balears, que inicialmente fueron denegadas pero que una sentencia del Tribunal Supremo ha obligado a reiniciar. Es decir, se va a trabajar 'contrarreloj' para que esta reforma en la citada ley pueda aplicarse durante el próximo año.

La decisión de la conselleria de Movilidad es simple. Si un vehículo de alquiler con conductor mantiene la forma de trabajar clásica que se ha desarrollado hasta ahora en las islas (como la contratación por parte de un tour operador para que desde Calvià o Alcúdia acuda al aeropuerto a recoger a un cliente), podrá trabajar sin ningún tipo de obstáculo si dispone del permiso autonómico. Pero si lo que hace es prestar un servicio urbano, en el que no sale del municipio (como ejemplo, recoger a un cliente en la Plaza de Cort para llevarlo a Son Espases), deberá contar para ello también con una autorización de su ayuntamiento. Es decir, si desarrolla una labor idéntica a la de un taxi, deberá disponer de una licencia similar a la que necesita este último. Y será decisión de cada Consistorio fijar el número de este tipo de autorizaciones que está dispuesto a dar. O si no quiere otorgar ninguna, una posibilidad en absoluto descartable bajo el argumento de que se trata de un servicio que ya está cubierto por el taxi.

Relevancia para Baleares


Esta iniciativa tiene una especial relevancia en estos momentos. En Balears hay actualmente algo más de 200 automóviles con autorización autonómica para poder operar como coches de alquiler con conductor. El problema radica en que esta cifra se puede multiplicar durante los próximos meses, lo que está generando importantes tensiones en el seno del sector del taxi.

La empresa Ares Capital está tramitando 260 nuevas licencias de VTC en las islas (inicialmente se le fueron denegadas pero el Supremo ha obligado al Govern a reiniciar el procedimiento), y lo habitual es que, de conseguirlos, ceda estos permisos a plataformas como Uber y Cabify. Para equilibrar este posible aumento de la competencia, la Federación Independiente del Taxi de Balears (Fitib) está tramitando a su vez otras 700 a través de su empresa Balear de Servicios Discrecionales. Eso puede suponer la entrada en el mercado de casi mil nuevos coches de alquiler con chófer en las islas, con un tipo de actividad que podría ser similar a la de los taxistas. El riesgo de una guerra entre sectores resulta evidente.

Es por ello que el Govern va a intentar que la necesidad de la citada licencia municipal entre en vigor antes de que se complete la tramitación de esos más de 900 nuevos permisos para VTC, lo que conllevaría limitar de forma considerable su posible actuación (descartaría que los coches pudieran desarrollar servicios urbanos, recortando de forma drástica su rentabilidad). Pero el director general de Transportes no oculta que los plazos para llegar a tiempo están muy ajustados, de ahí la pretensión de que la reforma de la Ley de Transportes se complete antes de que concluya la próxima temporada turística.

Apoyo de taxistas y Cort


La medida prevista por el Govern fue reclamada el pasado día 21 por el Pleno del Ayuntamiento de Palma, y además con el apoyo de todos los grupos políticos, con una intervención a favor de la misma del presidente de la asociación de taxistas de CAEB, Antoni Bauzá.

Hay que tener en cuenta que por su tamaño y población, este municipio será previsiblemente el que va a registrar el mayor número de peticiones de las nuevas licencias que la conselleria de Territorio pretende exigir y, consecuentemente, en el que más tensiones se pueden registrar entre los VTC y los taxitas.

El nerviosismo de estos últimos se entiende no solo por el riesgo de que Uber y Cabify entren en las islas de la mano de las licencias que tramita la empresa Ares Capital. Según reconoce Jaume Mateu, una de las infracciones habituales detectadas durante el pasado verano en la campaña de inspección desarrollada por esta Conselleria ha sido el desembarco de VTC llegados de la península por un tiempo superior al permitido por la ley (no pueden trabajar más de un 20% de su tiempo fuera de su comunidad autónoma).

Eso explica que durante los días 17, 18 y 19 de enero los taxistas isleños vayan a votar la creación de su propia empresa de VTC, gracias a las 700 autorizaciones que están tramitando, para así competir (y "ahogar") con Uber y Cabify en el caso de que éstas se implanten finalmente en el archipiélago.

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