El pleno del Parlament ha aprobado hoy la Ley de Urbanismo con los votos a favor de los partidos del Pacto salvo en lo que se refiere a la disposición transitoria que beneficia a negocios de la familia Matutes en Platja d'en Bossa, que ha salido adelante con el apoyo del PP y el PSIB y el voto en contra de Més y Podemos, además de Xelo Huertas y Montserrat Seijas, del grupo mixto. El Pi y Ciudadanos se han abstenido en este punto.
El ayuntamiento de Sant Josep había pedido que la Ley de Urbanismo introdujera esta excepción para el caso de Eivissa, consistente en que aquellos terrenos clasificados como suelo urbanizable pero que estén ya consolidados al haberse edificado en más del 90 por ciento, puedan clasificarse como suelo urbano cuando se revise el planeamiento general del municipio. De este modo se faculta al Ayuntamiento de Sant Josep a que los citados terrenos sean urbanos.
El PP había presentado una enmienda 'in voce' a la segunda parte de la polémica disposición transitoria, centrada en este caso en una excepción para Vila, y según la cual en las revisiones de planes en la isla de Eivissa que se encuentren en tramitación y ya hayan pasado la aprobación inicial se les podrá aplicar la Ley Company, en lugar de las limitaciones de la Ley aprobada esta mañana. Es decir, se trataba de salvar el nuevo PGOU de Vila con la legislación del Govern del PP. Los populares pedían que esta excepción se aplicara a todos los municipios, y no sólo a los de Eivissa. De este modo, consideraban que por ejemplo Andratx podría salvar la urbanización de Biniorella. Sin embargo, el portavoz de Més per Mallorca, David Abril, ha rechazado admitir la 'enmienda in voce' del PP, por lo que no se ha votado, a pesar de lo cual la excepción para Vila ha sido también aprobada con el apoyo del PSIB y el PP, mientras que Podemos y Més han votado en contra.
La disposición transitoria que favorece a varios negocios de la familia Matutes fue introducida por el PSIB durante el debate en comisión de la Ley de Urbanismo y ya entonces Més y Podemos se abstuvieron al no quedar claro qué era lo que quedaría beneficiado. Este asunto ha provocado una fisura entre los socios del Pacto, que todos han relativizado destacando que el conjunto de la Ley de Urbanismo está apoyada por todos ellos y poniendo de relieve los aspectos que consideran más positivos de la nueva normativa. Entre ellos, PSIB, Més y Podemos destacan que se refuerza la disciplina urbanística, agiliza los planeamientos y obliga a destinar más suelo a vivienda pública, además de establecer que las construcciones ilegales en suelo rústico que se edifiquen desde la entrada en vigor de la Ley el 1 de enero del próximo año no prescribirán, por lo que podrán ser demolidas siempre.
