El juez Enrique Morell dictó ayer un auto de archivo sobre el caso Minerval, un medicamento en fase experimental comercializado por el catedrático e investigador de la UIB Pablo Vicente Escribá, al estimar que no existen indicios de la estafa que la fiscalía atribuía al docente y a otros encausados. El magistrado sí que ha visto en los hechos unas posibles infracciones administrativas por la venta de un medicamento que no está autorizado oficialmente y ha acordado remitir el sumario al ministerio de Sanidad para depure las posibilidades responsabilidades en ese ámbito.
El juez explica que de todos los acusados, entre los que se hallaba el también catedrático de la UIB Xavier Busquets y Joana Alemany, esposa de Escribá, únicamente éste ha comercializado el Minerval camuflando los ingresos de la venta como donaciones a la Fundación Marathon, una entidad que fomenta la investigación en biomedicina y que preside también el principal imputado.
El trasiego de este producto, definido oficialmente como "un medicamento huérfano", se produjo por lo menos desde 2004 hasta que el caso se denunció el pasado mes de febrero.
El magistrado basa su decisión de dar carpetazo a las pesquisas en el hecho de que para que se cometa una estafa las víctimas han de sufrir un "engaño bastante" que les lleve a hacer disposiciones económicas en favor de los estafadores. En este caso, y según resalta el auto, el investigador Escribá nunca prometió a los compradores del Minerval que éste iba a servir para curar el cáncer. El producto fue adquirido por enfermos o familiares de pacientes que lo veían como "una alternativa a los tratamientos convencionales".
Personas cualificadas
Entre los compradores de ese producto, derivado del aceite de oliva, se hallaban "titulados superiores, algunos de ellos incluso médicos, biólogos, catedráticos, profesores de universidad y personas cercanas al ámbito universitario", señala el instructor.
Estas personas sabían que "se trataba de un producto en fase experimental, no de un medicamento de venta en las farmacias y que, por ello, no había recorrido el camino necesario para poder ser un medicamento oficialmente reconocido". Algunos de los pacientes "no tenían nada que perder" al probar ese posible remedio contra el cáncer, añade el auto.
"De lo actuado no puede decirse que Pablo Escribá se aprovechara de la escasa formación de los compradores de Minerval para generar su confianza y, una vez alcanzada, convencerles para que adquirieran el producto", sostiene el instructor. Morell destaca así que hubiera un "engaño bastante" a los enfermos o sus familiares.
El juez sí que ha visto indicios de que Escribá ha podido vulnerar la legislación sobre medicamentos al vender un fármaco sin la debida autorización de la Agencia Española de Medicamentos o de la Agencia Europea de Medicamentos. El auto ordena remitir a la Agencia del Medicamento, dependiente del ministerio de Sanidad, una copia del sumario por si Escribá hubiera podido incurrir en infracciones administrativas.
