El Govern podrá multar con hasta 40.000 euros desde el martes todo el alquiler turístico en pisos

Se acabó el culebrón político: el Govern aprobó ayer el decreto que le permitirá multar desde el martes todo el alquiler turístico en pisos. Y todo es todo: no hay excepciones. Desde 2012 no es legal alojar a turistas en pisos, pero la normativa tenía fisuras que en la práctica impedían a Turismo y sus inspectores multar con agilidad. Desde ayer ya no es así: a los inspectores les bastará con comprobar que el piso se alquila durante menos de 30 días o que se publicita sin número de registro de Turismo en webs o agencias físicas tipo AirBNB para abrir sin mayor problema un expediente sancionador que conduce a multas cinco veces más duras que las vigentes hasta ahora.

La facilidad para sancionar responde a dos cambios legales introducidos en la reforma de ley aprobada hace dos semanas en el Parlament y en el decreto complementario ratificado ayer por el Govern. Primero, se considera alquiler vacacional todo el que se prolongue durante menos de 30 días, de modo que quien quiera arrendar por días o semanas deberá demostrar a los inspectores (y no al revés, como hasta ahora), que sus inquilinos no son turistas, o será sancionado. Y segundo, solo está permitido comercializar a viajeros viviendas que dispongan de una autorización de la Conselleria de Turismo (con su correspondiente número), por lo que el propietario que se anuncie en portales tipo AirBNB, HomeAway o agencias inmobiliarias y similares sin tener esa matrícula turística se expone a una multa rápida y fácil de aplicar de entre 20.000 y 40.000 euros, sanción que se dispara hasta los 400.000 euros para la plataforma web o física que dé publicidad al anuncio.

El decreto aprobado ayer lo único que hace en realidad es devolver la ley turística a la versión que el Govern de PSOE y Més llevó ante el Parlament para su ratificación hace dos semanas. Aquel día Podemos se hizo un lío que provocó un caos tal que el propio impulsor de la ley, el vicepresident y conseller de Turismo, Biel Barceló (Més), acabó bautizando la norma como "ley Frankenstein". El monstruo murió ayer, con un decreto que arregla los desperfectos de hace dos semanas, cuando Podemos, votando con el PP y Ciudadanos, tiró por tierra el artículo 49 de la Ley Barceló, para mantener el que existía previamente (redactado en 2012 por el PP), desactivando de paso en esa misma votación la prohibición de meter turistas en edificios plurifamiliares (el piso del 4ºC o del 2ºB).

El resultado de la confusión con la que Podemos hizo lo contrario de lo que pretendía fue que con la nueva ley el arrendamiento a viajeros en bloques de viviendas ni estaba prohibido ni estaba permitido. Es más, el alquiler en pisos ni siquiera era considerado como opción, con lo que en la práctica el Govern de PSOE y Més, que concibió la ley para poder multar la actividad turística ilegal, se encontró con que no podía poner una sola sanción sin exponerse a que se la tumbasen los tribunales. Esa "incoherencia legal", como la define el propio Barceló, quedará corregida el martes, con la entrada en vigor del decreto de ayer, que lo que hace, como enfatizó hasta seis veces ayer en rueda de prensa el vicepresident y conseller de Turismo es "dejar el artículo 49 de la ley tal y como lo propuso el Govern originalmente".

Un año de moratoria

Con lo que el Govern corrige por decreto su propia ley para dejarla a efectos prácticos igual que estaba antes de la votación de la discordia. "Lo que hacemos es dar seguridad jurídica. Hasta ahora estaba prohibido el alquiler en pisos, ahora lo seguirá estando salvo en las zonas que autoricen en los próximos meses los Consells. Lo que cambia con la nueva ley es la capacidad que tenemos para perseguir la ilegalidad. Hasta ahora no era fácil demostrar que se estaba haciendo una actividad turística. Tenía que ir el inspector y encontraba todo tipo de respuestas y casuística compleja. Ahora será fácil perseguir el alquiler [turístico ilegal en viviendas no autorizadas]", resume Biel Barceló.

De este modo, desde el martes solo se permitirá el alquiler turístico de las viviendas que a día de hoy cuenten con una autorización de Turismo. Entre ellas no hay ningún piso, porque no estaba permitido desde la prohibición del PP de 2012, con lo que no se dio ninguna licencia. Sí hay casas aisladas y adosadas o entre medianeras (habituales en los pueblos). Solo esas pueden alquilarse a viajeros. Y así será durante casi un año, el plazo máximo dado por la nueva legislación a los Consells Insulars y el Ayuntamiento de Palma para que aprueban la llamada "zonificación", con la que deberán definir al detalle en qué zonas de cada isla y de Palma permiten alojar a turistas en viviendas. Consells y Cort también deberán explicitar qué tipos de inmuebles autorizan en cada caso. Después de eso (y dentro de casi un año) es cuando podrían empezar a registrarse en Turismo pisos para alquiler a viajeros, aunque para ello deberán estar en las zonas autorizadas por el Consell, que ya han avisado que será muy restrictivos y que hay un techo que no rebasarán en ningún caso: las 42.000 plazas que quedan en la bolsa turística, que parecen muchas, pero la realidad es que se estima que hay 120.000 plazas ilegales a día de hoy.

La emergencia cosmética

Así que los Consells y ayuntamientos tendrán la decisión final sobre el alojamiento vacacional, como ya decía la versión original de la Ley Barceló. Pese a ello, y nuevamente por presión de Podemos, en el decreto de ayer se introduce un nuevo artículo, el 75, de contenido cosmético. En él se dice que los Consells y Palma deberán tener en cuenta a la hora de autorizar el negocio vacacional que no se dé una situación de "emergencia por falta de vivienda para residentes". Aunque para declarar esa emergencia, el Govern deberá contar con un informe de los Consells que será vinculante, porque suyas son las competencias sobre el territorio. Resultado de este galimatías: los Consells, como antes, decidirán dónde se puede alquilar a turistas y dónde no. Tras el lío para volver al punto previo a la polémica, Barceló zanjaba ayer la disputa con Podemos con alivio indisimulado: "Se podría haber hecho más fácil, pero bienvenido sea que tengamos ya la ley que nos permite regular la actividad y atacar la actividad ilegal con garantías".

O traducido: desde el martes, los dueños de pisos están expuestos a multas 40.000 euros si alojan a turistas.