El fenómeno del alquiler vacacional, con sus muchas y variadas aristas, ocupó ayer horas de debate en el edificio de sa Riera. Y en el centro de la discusión las plataformas de la discordia, esas que se mueven entre el negocio y la economía colaborativa según quien hable. La 'Jornada sobre el Impacto de las Plataformas de Alojamiento Turístico' organizada por la UIB reunió a expertos, defensores y detractores. El tema fue abordado desde el punto de vista económico, social y jurídico a lo largo de cuatro mesas de un debate enriquecido por el público.
"La economía sumergida es patrimonio de España, no del alquiler vacacional", lanzó categórico el portavoz de HomeAway en España, Joseba Cortázar, durante la ponencia inaugural que se propuso medir el impacto económico de esta actividad. El coloquio, moderado por el profesor de la UIB Guillem Sansó, contó con el concurso de Guillem Murgui, representante de Airbnb; Pako Rodríguez, de OuiShare, y Almudena Ucha, de Rentalia. El contrapunto lo puso Jaume Horrach, de la Asociación hotelera de Alcúdia y Can Picafort. "Veo es que todo deriva hacia terrenos lucrativos. Espero que no nos dirijamos a un apocalipsis especulativo", dijo rotundo.
Impacto de 1.500 millones
Impacto de 1.500 millonesLas plataformas presumieron de cifras. El representante de Homeaway aseguró que la actividad que gestiona su plataforma genera un impacto de 1.000 millones de euros en Balears. Su homólogo de Airbnb cifró el de su empresa en 500 millones. Es mucho el dinero que fluye entre huéspedes y anfitriones, casi siempre opaco. Los ponentes defendieron que existe un interés real por declararlo. "Los anfitriones nos preguntan mucho cómo declarar ese dinero; existe la idea equivocada de que quieren evadir", subrayó Murgui. "Hemos democratizado el turismo y ayudamos a las familias a llegar a fin de mes", indicó el responsable de Comunidad de Airbnb.
Los representantes de las plataformas pusieron el énfasis en los beneficios que supone el alquiler vacacional para anfitriones, bares y restaurantes. Es decir, la oferta complementaria. "Fomentamos la economía colaborativa. Pero tenemos que ver cómo suavizar estas fricciones que existen cuando surge una nueva forma de producir", dijo Rodríguez, de OuiShare.
"Nuestro modelo supone un complemento económico para el que alquila una casa o una habitación. Pero también favorece la economía del barrio en el que está la vivienda", defendió Murgui, de Airbnb. Horrach, la voz de un sector hotelero que se siente agraviado por la presencia de un competidor voraz, fue siempre a la contra: "No entiendo que se hable de crecer cuando aquí estamos desbordados. Se han hecho cosas mal, y entono el 'mea culpa'. Pero ahora se está quebrando la convivencia social. Prefiero un hotel con mil personas dentro, que repartidas en quinientas villas turísticas".
El profesor de Derecho Mercantil de la UIB, Juan Franch, moderó la mesa jurídica. "El que pone un anuncio pondera qué pasará si le pillan. Si puedo ganar 40.000 euros y me ponen una multa de 4.000, compensa", argumentó Sergio Carrasco, de la plataforma de Afectados por los alquileres en Eivissa.
También intervino Pedro Hinojo, de la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia. "No podemos restringir la actividad con el pretexto de que hay una masificación. Ese argumento te lo tumbaría un tribunal", destacó. "Deberían buscarse otros argumentos de tipo medioambiental. O pensar en herramientas para regular la actividad como un aumento de impuestos", valoró.
Sara Rodríguez, de Adigital, lamentó la multiplicidad de leyes en torno al alquiler vacacional. "Hay una fragmentación del mercado y una inseguridad jurídica total. No puede haber diecisiete normativas diferentes. En unas Comunidades se piden perchas, en otras no; en unas piden permisos, en otras basta una declaración responsable", subrayó. Esta jurista criticó que la nueva ley turística que tramita el Parlament balear "se excede en su competencia" porque contempla sanciones a las plataformas que publiciten viviendas para el alquiler vacacional sin licencia.
