Confirmada la fianza civil de 1,39 millones a un acusado de Nóos

La Audiencia Provincial de Balears desestimó ayer el recurso de apelación interpuesto por el exdirector general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) José Manuel Aguilar contra la fianza de responsabilidad civil de 1,39 millones de euros que le impuso el juez José Castro en el auto de apertura de juicio oral del caso Nóos.

Así lo ha acordado el tribunal de la Sección Segunda mediante un auto, después de que Aguilar impugnara la negativa de Castro de rebajar la caución a 450.000 euros, cantidad que según el ex alto cargo fue la que abonó Cacsa para la organización de los denominados Valencia Summit organizados por el Instituto Nóos.

Aguilar se encuentra entre los 18 acusados que deberán sentarse en el banquillo en el marco de esta causa. Los otros ex altos cargos valencianos que serán juzgados son el vicealcalde del Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Grau; el exsecretario autonómico de Eventos de la Generalitat Valenciana Luis Lobón; el también exdirector general de Cacsa Jorge Vela y la exdirectora de gestión Elisa Maldonado.

Los procesados, sobre quienes pesan un total de 10,8 millones de euros en fianzas civiles, serán enjuiciados a raíz del papel que habrían desplegado en las negociaciones de los convenios que fueron suscritos en 2004, 2005 y 2006 para la celebración de los Valencia Summit, por cuya organización el Instituto Nóos percibió 3,6 millones de euros, a pesar de que para ello únicamente empleó 910.600 euros.

En concreto, el inicio del juicio está fijado para el 11 de enero de 2016 y se prevé que finalice el 30 de junio del mismo año. La Fiscalía Anticorrupción solicita más de cien años de cárcel para los 14 acusados contra los que se dirige, de los que 19 años y medio los reclama para Iñaki Urdangarin y 16 y medio para su exsocio Diego Torres. Por su parte, Manos Limpias solicita ocho años de prisión para la Infanta Cristina, también acusada.

Instrucción

El juicio tendrá lugar más de cinco años después de que el juez Castro pusiera la lupa sobre las actividades supuestamente irregulares desplegadas en torno al Instituto Nóos, que se saldaron con un presunto desvío de 6,2 millones de euros públicos de la Comunidad Valenciana, Balears y Madrid.