Los 44 condenados por desordenes públicos que asaltaron la Conselleria de Educación en mayo de 2012 han anunciado hoy que no se presentarán en los juzgados para pagar las multas a las que han sido condenados, que son de entre 720 y 810 euros.
En un comunicado, los jóvenes, cuya condena en primera instancia fue confirmada hace dos meses por la Audiencia de Palma, indican que aunque ellos no van a abonar la sanción judicial su caja de resistencia "continúa abierta" para defenderse "de cualquier ataque" de "los juzgados y de las instituciones educativas".
Los condenados se consideran víctimas de la "represión" impulsada por el Govern del PP "contra profesores y directores" críticos con su política educativa y contra los estudiantes que han protagonizado acciones de protesta.
"No nos sentimos ni nos sentiremos culpables" porque "la sentencia responde a intereses políticos", indican los jóvenes, que sostiene que "el aparato judicial" tomó "el testigo de las instituciones políticas para rematar el trabajo" represor.
La Audiencia de Palma considera probado que los 44 acusados se congregaron el 22 de mayo de 2012 ante la sede del departamento autonómico de Educación para protestar por los recortes, colgaron una pancarta de la fachada del inmueble y entraron luego en las dependencias impidiendo el trabajo de los funcionarios.
Además, algunos de ellos agarraron y zarandearon a una trabajadora de la Conselleria que sufrió lesiones.
La Audiencia ratificó las penas de 8 meses de multa a 3 euros diarios para los 44 condenados (720 euros cada uno) y de un mes de multa a 3 euros al día para cinco de ellos culpables de una falta de lesiones (90 euros).
El tribunal consideró ajustada a derecho la calificación del asalto como un delito grave de desórdenes públicos, puesto que la ocupación tenía por objeto la "vulneración o alteración del orden en el seno de la Conselleria".
"Es evidente, y nadie lo pone en duda, la legitimidad de la protesta" de los estudiantes que en aquella jornada estaban en huelga para oponerse a la política educativa del Govern, pero "ha de desarrollarse en un marco adecuado de paz social, de respeto a las normas de convivencia y de armonía e interdicción de actuaciones violentas", agregaron los magistrados.
