La juez de lo penal 1 de Palma ha impuesto un total de 32.130 euros de multa a 44 universitarios que, al mediodía del 22 de mayo del 2012, asaltaron la sede de la conselleria de Educación en Palma para protestar por los recortes y la política lingüística del Govern del PP. La sentencia declara culpables de un delito de desórdenes públicos a 44 acusados y a 6 de ellos también les condena por una falta de lesiones en la persona de la jefa de gabinete de Educación, Aina María Rodríguez. El fallo afirma que la libertad de expresión no ampara los hechos protagonizados por los jóvenes, de los que destaca la "violencia" e "intimidación" con la que se comportaron aquel día.
La magistrada María Concepción Moncada da así la razón al fiscal y a la acusación particular en nombre del Govern que imputaron al grupo de manifestantes delitos de desórdenes públicos. Sin embargo, la sentencia discrepa de las acusaciones que calificaron la agresión a la alta funcionaria de delito de lesiones y la deja en una falta, debido a la levedad de las mismas.
El Govern reclamó para los 44 condenados sendas penas de 4 meses de prisión por los desórdenes, mientras que la fiscalía solicitó una multa. La magistrada se inclina por esa opción e impone a cada joven una multa de 720 euros, con arresto sustitutorio en caso de impago.
La pena para los manifestantes que lesionaron física y psíquicamente a la jefa de gabinete es de 90 euros por cabeza.
Libre absolución
Los abogados de los denunciados, Jaime Bueno, Higinio Muñoz, Josep de Luis y Carlos Peleteiro, recurrirán la sentencia ante la Audiencia. Las defensas pidieron la libre absolución al estimar que la libertad de expresión y el derecho a manifestarse amparaban lo ocurrido en la sede de Educación.
Según el fallo, la toma de las oficinas del Govern estuvo convocada por la Assemblea de la UIB y en ella participaron unas 50 personas, algunas menores de edad cuyo enjuiciamiento corresponde al juzgado de menores.
Los manifestantes "accedieron en tropel" a la conselleria y colgaron una pancarta en la azotea con el lema: "Educació retallada, conselleria okupada(@)Assemblea UIB".
Después se pasearon por distintas plantas del edificio, con gritos como "Bosch (Rafel,conseller entonces) dimisión, Bosch cabró".
Los incidentes más graves ocurrieron en la cuarta planta, donde está el despacho del conseller, que estaba ausente. Los universitarios irrumpieron en esas estancias y consiguieron colarse en las oficinas de Bosch, "donde permanecieron examinando y fotografiando documentos".
Altos funcionarios trataron de impedir el allanamiento de ese despacho, pero se vieron desbordados por los manifestantes.
Aina Rodríguez fue empujada por uno de los jóvenes, lo que le hizo caer al suelo, donde permaneció unos segundos. Cuando al jefa de gabinete pudo levantarse propinó un manotazo a su agresor, gesto que, según la sentencia, fue producto del pánico que sufría y de su afán de querer abandonar el lugar. Sin embargo, otros de los condenados la retuvieron a la fuerza en el despacho, hasta que pudo escapar. Rodríguez sufrió contusiones y hematomas, así como una crisis de ansiedad y de depresión, que la mantuvieron de baja algunos días y para los que precisó tratamiento médico.
Finalmente, los responsables del departamento avisaron a la Policía Nacional, que tuvo que desalojar uno a uno a los universitarios.
La juez estima que los acusados "perturbaron gravemente" el orden público al paralizar Educació durante las dos horas que duró el asalto.
"No puede hablarse de confrontación ideológica cuando se grita, se insulta, se acomete físicamente, se irrumpe a golpes y empujones en el despacho oficial del conseller contra la voluntad expresa de los encargados de su custodia", afirma la sentencia.
