Después de consultarlo con sus servicios jurídicos, la Assemblea de Docents confirmó ayer que emprenderá "acciones legales inmediatas" contra la conselleria de Educación por la exclusión de su comité de huelga de las negociaciones sobre los servicios mínimos.
La consellera Joana Maria Camps explicó el pasado jueves que, ante la jornada de huelga del próximo lunes día 15, sólo iban a convocar a los comités de CCOO y STEI-i para fijar los servicios mínimos al entender que la convocatoria que presentó la Assemblea ya no está vigente. Según la titular de Educación, la convocatoria que registró la organización asamblearia fijaba como última día de paro convocado el 30 de diciembre de 2013.
Los portavoces de la Assemblea aseguran que si bien en su primer escrito figuraba esa fecha como último día de protesta, también se indicaba que se trataba de una huelga indefinida. Según su versión, los servicios jurídicos de Educación les preguntaron sobre esa contradicción y ellos la subsanaron, quitando el día 30 como última jornada y remarcando el carácter indefinido de la huelga. Según indicaron ayer en un comunicado, "la Conselleria respondió con silencio, sin poner ninguna objeción".
En la nota que remitieron ayer a los medios consideraron que si Camps u otro miembro del Govern tiene dudas sobre su convocatoria de huelga entienden que "su obligación es hacer valer la vía jurisdiccional para denunciarlo", algo que no han hecho: "Únicamente se han dedicado a intentar desprestigiar la convocatoria con declaraciones públicas llenas de medias verdades y faltas de rigor".
Antes sí les convocaban
La Assemblea indicó ayer "no entender" que se les deje al margen ahora, un año después del inicio de la huelga indefinida, cuando asistieron durante varios días a reuniones con Educación para negociar el fin del conflicto. La última visita de sus representantes a la sede de Educación tuvo lugar en octubre.
Los docentes consideran que ignorar su convocatoria de huelga "es una más de las irresponsabilidades a la que nos tiene acosutmbrados este Govern" y aventuran que su actitud en este caso les llevará "a un nuevo rídiculo jurídico delante de los tribunales".
El comunicado lamenta que la "cabezonería" del Govern les ha hecho sumar muchos fracasos y citan la suspensión del calendario de aplicación del TIL y la anulación de los servicios mínimos, dos ejemplos que consideran fruto "de un Ejecutivo prepotente, falto de espírtiu democráctico y que incumple las reglas del juego democrático".
Con todo, y ante su exclusión de la negociación de los servicios mínimos que tendrá lugar hoy, la Assemblea anunció ayer en su comunicado que "combatirá esta nueva actitud antidemocrática con toda la contundencia neceseria" al entender que se está vulnerando "el ejercicio legítimo de un derecho fundamental como es el de la huelga". Por ello, aseguran que analizarán "las eventuales responsabildiades penales de los funcionarios o autoridades que activa o pasivamente participen en el dictado de las resoluciones administrativas injustas en contra de este derecho".
Los mínimos del curso pasado
Educación debe negociar de nuevo los servicios mínimos después de que el TSJB tumbara los que establecieron para el paro indefinido del curso pasado y que el STEI-i impugnó al considerarlos "abusivos" y que la Sala consideró que no estaban debidamente justificados. El año pasado Educación estableció que durante las jornadas de huelga debían permanecer los centros un retén formado por el director, el secretario y el 30% de la plantilla en el caso de los colegios de Primaria y un 25% en los institutos de Secundaria.
