La Assemblea de Docents ha redactado un documento para dar respuestas a posibles dudas que pueda plantar la campaña ´Una consellera capgirada´, que consiste en repartir 300 retratos de Camps boca abajo para que los centros los expongan como forma de repudiar "sus políticas incendiarias". Aseguran que la acción no es ilegal al estar amparada por el derecho de libertad de expresión, según recogió una sentencia del Tribunal Superior valenciano, que falló a favor de un director de instituto que fue sancionado por hacer exactamente lo mismo. Precisan además que no se vulnera el derecho al honor de la conselleria ya que aunque la acción "puede molestar, inquietar o desagradar" no excede los límites de la libertad de expresión según consideró también el mencionado tribunal cuando consideró que "todo cargo público ha de someterse a las críticas que, incluso cuando molesten o disgusten, van implícitas en el control ciudadano de su actividad".
