Fernando Areal y Miguel Romero pueden ser juzgados por cinco presuntos delitos: uno electoral relacionado con otro de falsedad de documento oficial; uno de malversación de caudales; otro de malversación, vinculado a otro de falsedad de documento mercantil.
La actual Ley de Régimen Electoral castiga con penas de 1 a 4 años de prisión a los administradores de partidos, condición que ostentaba Areal, que falseen las cuentas electorales por cualquier medio o
artificio. Las acusaciones todavía no han redactado sus escritos de calificación.
