A mediados de agosto, continúa la ofensiva judicial contra el Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL) y toda la normativa que va generando la conselleria de Educación para asegurar su aplicación el próximo curso. Ayer, la asociación de directores de Secundaria ADESMA presentó su recurso de alzada contra la resolución por la que Educación obliga a los colegios a aplicar el proyecto que tenga su visto bueno aunque no haya sido aprobado por el claustro.
Entre otras cosas, los directores alegan en su escrito que la directora general de Innovación, Isabel Cerdà, es la que firma esta resolución hecha pública el último día de julio, aunque Cerdà no tiene competencias atribuidas en ningún momento para aprobar los proyectos TIL. No figura así ni en el decreto original del TIL ni en la orden de desarrollo publicada posteriormente, argumentan.
Asimismo, ADESMA apela en su argumentario a la autonomía de centro para confeccionar, aprobar y ejecutar sus proyectos educativos (que incluyen los proyectos lingüísticos); algo que ya figuraba en la anterior ley orgánica de educación y que la nueva, la LOMCE, también respeta. Recuerdan además que según la nueva normativa estatal es competencia del director aprobar o no el proyecto educativo de centro y que el claustro tiene la competencia de aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos de los proyectos y de la programación general anual.
De hecho, la negativa de los claustros a aprobar la parte pedagógica y curricular de los proyectos TIL (algunos centros han tenido que convocar al claustro y votar varias veces) es lo que empujó a la Conselleria a publicar esa resolución. Educación no ha precisado en ningún momento el número de exacto que no han aprobado su proyecto, limitándose a asegurar que "son una minoría", según indicó en julio la titular de Educación, Joana Maria Camps.
La semana pasada, la Assemblea de Docents replicó que según sus cálculos más de un 40% de los centros educativos públicos (108) no lo tienen aprobado. Para el movimiento asambleario las cifras recabadas por ellos y las palabras de la consellera Camps demuestran que ésta "se ha divorciado de la realidad de los centros y que su influencia en ellos es cada pico menor. La irracionalidad y el autoritarismo están muy lejos de los valores de nuestras escuelas".
Respecto a la resolución que ahora han recurrido los directores, la Assemblea considera que "vulnera la legalidad, queriendo sobrepasar el papel y la autoridad de los claustros -que incluso respeta la LOMCE- y que entra en contradicción con la normativa de rango superior". En esa línea han ido también los recursos que presentaron contra esta resolución a los sindicatos STEI-i y CC OO a principios de agosto.
La batería de acciones judiciales que ha generado la aplicación del trilingüismo no para de crecer. Recordar, que diferentes entidades (sindicatos, Assemblea y Federación de APAs) fueron presentado recursos de forma individual pero coordinada contra la orden de desarrollo del TIL, buscando detener su aplicación de cara al curso que viene, como casi consiguieron en septiembre de 2013-2014, cuando el TSJB anuló el calendario de aplicación; una decisión cuyos efectos quedaron anulados después de que Educación aprobara un decreto ley para continuar adelante con sus planes.
