Biel Caldentey, secretario general del STEI-i, afirmó ayer que la decisión de la conselleria de Educación de incorporar en la orden de desarrollo del Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL) las observaciones realizadas por el Consell Consultiu en su dictamen "es simplemente una operación de maquillaje", ya que "se tratan de cuestiones de carácter técnico, cuando lo importante es el fondo de este asunto". El BOIB de ayer publicó la orden de desarrollo del TIL con la inclusión de las observaciones del Consultiu, tal y como ya había anunciado Educación, que afirmó que "las citadas observaciones no desvirtúan el espíritu inicial del proyecto de TIL".

Caldentey precisó que ahora, una vez que ya ha sido publicada en el BOIB, el STEI-i "analizará en profundidad la orden de desarrollo" para ver si existe alguna posibilidad de "impugnarla ante los tribunales". Para el representante sindical, "la Conselleria ha recogido el dictamen del Consultiu como un modo de blindaje, en el sentido de poder decir que se ajusta a derecho".

La asociación de directores de educación secundaria de Mallorca (ADESMA) también consideró que la orden es "susceptible" de sufrir la "interposición de os correspondientes recursos legales, situación que añadirá incertidumbre al desarrollo del trabajo educativo en los centros" y que "es merecedora" de "la censura" a los responsables de la Conselleria.

ADESMA enumera una serie de críticas a la orden que le lleva a concluir que "no da respuesta a los principales problemas" que presenta la aplicación del TIL, como "la necesidad de respetar la autonomía de los centros docentes en lo que se refiere a la definición de sus provectos educativos y, específicamente, a la voluntariedad en la impartición de materias no lingüísticas en lengua extranjera, la dotación de recursos suficientes para los centros que participan en el proyecto y la formación y asesoramiento del profesorado implicado y de los propios centros".

Para la asociación de directores de centros de secundaria, estas cuestiones, "junto a otras que se hacen en el voto particular al dictamen del Consell Consultiu", hacen que la orden corra el riesgo de que se interpongan recursos legales contra ella.

El voto particular al que se refiere ADESMA es el de los juristas progresistas del Consultiu Carmen Fernández, Maria Ballester, Joan Oliver Araujo, Pedro A. Aguiló y Pere Aguiló, que aseguraron que el órgano consultivo no ha cumplido "su trabajo institucional" en este asunto y que el Tratamiento Integrado de Lenguas aprobado por el Govern "debilita de forma injustificada el estatuto legal de la lengua catalana" cuando todavía no se ha alcanzado la normalización, además de criticar las "altas dosis de rigidez", la implantación improvisada y la escasez de recursos para la aplicación del TIL.

El Consell Consultiu acordó emitir su dictamen a favor de la orden de desarrollo del TIL tras un tenso debate entre los miembros de este órgano, hasta el punto de que el dictamen salió adelante gracias al voto de calidad del presidente, Rafael Perera. Los cinco juristas nombrados por el PP votaron a favor mientras que los cinco progresistas lo hacían en contra y emitían un voto particular que profundizaba en los reproches.

Correctivo al Govern

El dictamen aprobado suponía, no obstante, un correctivo para la Conselleria, a la que emplazaba a rectificar determinados aspectos de la orden que para los representantes progresistas del Consultiu justificaban que el informe hubiera sido desfavorable. Además, el dictamen reprocha a Educación, entre otras cuestiones, la lentitud en la aprobación de la orden.

Entre las recomendaciones del Consultiu destacaban el permiso para usar materiales de apoyo en castellano o catalán para las clases impartidas de inglés, al entender que los libros de texto de las materias impartidas en inglés no tienen por qué estar en esa lengua. Además, se reconocía a la escuela concertada su derecho a realizar su proyecto educativo y lingüístico en base a lo que decida su titular, siempre que cumpla con las normas del TIL.

Ambas observaciones se han incorporado al texto publicado ayer por el BOIB, así como el recordatorio de que es el consejo escolar de cada centro el órgano que debe evaluar y aprobar los proyectos actualizados por la comisión pedagógica del centro. Junto a ello, el Consultiu consideraba que para modificar el cómputo de horas en cada lengua la Conselleria debería desarrollar otra orden.