Cuando uno pasa de niño a adulto debe asumir las consecuencias de sus propios actos. Lo contrario es un síntoma de inmadurez, de infantilismo y de inadaptación a la sociedad.
Si 50 estudiantes deciden irrumpir por la fuerza en unas oficinas públicas y aposentarse en el despacho de un conseller tienen que saber que esa acción va a tener unos efectos, inmediatos y a medio plazo.
La reacción más lógica de las autoridades es avisar a la Policía y que ésta desaloje la sede allanada. Más tarde llegarán para los protagonistas sanciones administrativas o, como en este caso, un juicio.
La vista oral, al contrario que lo sostenido ayer por la Asamblea de la Comunidad Universitaria, no está decidida de antemano, ni será una farsa. Allí los acusados podrán argumentar que se trató de una protesta pacífica y a las acusaciones corresponderá acreditar que hubo violencia en las personas y/o en las cosas.
Los estudiantes no serán juzgados en masa, sino individualmente. Cada uno afrontará su parte de responsabilidad en los hechos: no será lo mismo el que estuvo y no se enfrentó a los funcionarios, ni tocó nada de la conselleria, que el que se enzarzó con los que se oponían a su presencia.
La fiscalía habitualmente pide en sus calificaciones provisionales las penas más elevadas posibles. Ya habrá tiempo tras el juicio, o antes, para rebajar esas condenas, o dejar los incidentes de la conselleria y simples faltas.
Los acusados argumentan que se trató de un acto más en el contexto de una protesta estudiantil contra la subida de tasas académicas.
Son circunstancias a su favor, pero que no pueden dar carta de impunidad para pasarse de la raya.
