Maria Antònia Munar recurre por segunda vez al Tribunal Supremo, con la esperanza de que en esta instancia judicial se la exculpe del denominado caso Can Domenge, que le ha supuesto una condena de seis años de cárcelle ha supuesto unacondena de seis años de cárcel, que todavía no es firme. La expresidenta del Consell de Mallorca y líder histórica de Unió Mallorquina ha presentado un recurso por el que pretende que se rectifique la decisión que adoptaron los tres jueces de la Audiencia de Palma, que la consideraron máxima responsable del amaño el concurso para vender este solar público a la mitad de su valor real, después de que el empresario que adquirió la propiedad confesara que había pagado un soborno de cuatro millones de euros.
Munar no estará hoy presente en esta vista pública. Ella aguardara noticias desde el centro penitenciario de Palma, donde precisamente ingresó este verano pasado al día siguiente de que el tribunal dictara sentencia. Era la segunda vez que se la declaraba culpable en un juicio por corrupción política y el tribunal, a petición de la fiscalía, acordó su ingreso en prisión al entender que existía riesgo de fuga. Desde entonces Munar no ha vuelto a abandonar la cárcel, salvo en dos ocasiones que ha acudido al juzgado a prestar declaración en sendas causas por corrupción.
Experto en recursos
La histórica política confía todas sus esperanzas en su abogado, el conocido penalista José Antonio Choclán, que es un especialista en los recursos de casación ante el Supremo. El letrado no consiguió que se anulara la primera sentencia contra su clienta por el denominado caso Temps d' Esport, por el que le impusieron cinco años y medio de cárcel, pero ahora recurre de nuevo al Supremo con la intención de que se anule el fallo del caso Can Domenge y se dicte otro por el que se exculpa a Munar. Choclán defenderá un amplio escrito, en el que detalla los argumentos de su recurso, que fundamentalmente se basan en que el tribunal de la Audiencia de Palma condenó a su clienta sin pruebas y basándose únicamente en el testimonio de otros imputados que, precisamente, previamente habían alcanzado un acuerdo con el fiscal.
Cabe recordar que pocos días antes de que la Audiencia iniciara el juicio de este caso, se produjeron varios hechos trascendentes. Por una parte, el exdiputado de UM, Bartomeu Vicens, que también está en la cárcel, alcanzó un acuerdo con la fiscalía para confesar el amaño de este concurso. Hasta entonces todos los imputados de la antigua cúpula de Unió Mallorquina sostenían la legalidad del concurso y mantenían que el precio por el que se vendió el solar era el que marcaba el mercado, pese a que el Consell de Mallorca recibió una oferta del empresario José Luis Núñez, que ofrecía 60 millones de euros por el solar.
Por primera vez Vicens confirmó lo que se sospechaba desde el primer momento, que detrás de esta dudosa operación se había producido una recompensa económica, que había beneficiado a los políticos que decidieron el ganador del concurso. Vicens afirmó que este dinero se lo repartieron él, Maria Antònia Munar y Miquel Nadal, además de guardar la mitad para el partido, que se dedicó a la financiación de las campañas electorales.
Después de la confesión de Vicens vino la de Román Sanahuja, el acaudalado constructor catalán, que se adjudicó el solar de Can Domenge por 30 millones de euros, aunque nunca llegó a realizar el proyecto que había presentado por falta de dinero y de hecho después llegó a perder la propiedad. El empresario, tras alcanzar también un acuerdo con el fiscal y asegurarse que no iría a la cárcel, confesó que había sobornado a los políticos del Consell de Mallorca con cuatro millones de euros. Sanahuja no pudo detallar los nombres de los políticos que había sobornado, y se limitó a decir que el pago se hizo en dos etapas, a cambio de adjudicarse la compra de este solar público.
Munar siempre ha sostenido que ella se mantuvo al margen del proceso de venta porque en esa etapa estaba recuperándose de una grave enfermedad. Descargó toda la responsabilidad en sus colaboradores, sobre todo en Nadal y Vicens, y aseguró que ni siquiera le informaron de las características del concurso, por lo que nunca conoció el trato de favor que se le estaba dispensando al empresario Sanahuja. Pero además de sostener que ella no sabía nada de nada, mantuvo que el valor por el que se vendió Can Domenge era el real, y que no tenía sentido la oferta que presentó el empresario José Luis Núñez.
Sin embargo, esta versión de los hechos no fue lo suficientemente convincente para convencer a los tres jueces de la Audiencia, que concluyeron que Munar tuteló todo este proceso irregular de venta y por ello se la condenó por los delitos de fraude, prevaricación y revelación confidencial.
El juicio del caso Can Domenge demostró que este proceso administrativo estuvo marcado por una retahíla de irregularidades, como por ejemplo, pese a que el Consell justificó que vendía este solar para recaudar dinero, en las bases del concurso fijara una cantidad máxima. Si algún empresario ofrecía más dinero, no suponía una mayor puntuación. Los políticos defendían que no solo el dinero era lo importante, sino que también primaba la calidad del proyecto y en este caso el mejor era el que había elaborado la empresa Sacresa.
