Los inspectores de la Agencia Tributaria de Barcelona convencieron ayer al juez Castro de que la infanta Cristina no cometió ningún delito a través de la sociedad Aizoon porque no es la administradora de esta empresa. Hacienda sostiene que el responsable fiscal es únicamente el administrador o el socio que genera los ingresos en la sociedad. En Aizoon, esta función se limitaría únicamente a Iñaki Urdangarin y no a su esposa.

Esta explicación técnica no evitará que la Infanta declare el próximo día 8. Sin embargo, la acusación que podría plantearle el juez a la Infanta se limitaría a cooperadora de un delito fiscal. Esta infracción se habría cometido al permitir que su marido tributara, en una sociedad a medias, sus ganancias profesionales como ingresos de la empresa y no como sueldo personal.

En una larga jornada, que se centró en aclarar complejos términos tributarios, el fiscal y la abogacía del Estado pretendían que el juez escuchara en primera persona la declaración de los tres técnicos de Hacienda que han elaborado los informes sobre el Instituto Nóos y sobre la Infanta. Los funcionarios se ratificaron en que la duquesa de Palma no cometió ningún delito fiscal porque no gestionaba la sociedad patrimonial que tenía a medias con su marido. Los inspectores insistieron una y otra vez en que no se puede atribuir a la hija del Rey ninguna irregularidad tributaria, ni como autora ni como cooperadora, como insinuaba el juez.

Por primera vez, Castro y Pedro Horrach escenificaron ayer en un interrogatorio las discrepancias que mantienen sobre la acusación que el juez pretende imputar a la Infanta. El magistrado le llamó la atención al fiscal y le dijo que no interpretara sus preguntas.

Los tres peritos de Hacienda declararon en dos tandas. Primero se interrogó a la funcionaria que inició la inspección fiscal antes de que estallara el caso Nóos. Una operación con billetes de 500 euros realizada por la esposa de Torres encendió la alarma de la agencia tributaria. Meses más tarde intervendría el juez y el fiscal para desenmascarar la trama Nóos. Esta inspectora confirmó que en ese momento ya entró en la base de datos para acceder a la información tributaria de la Infanta, al comprobar que era socia de Aizoon. Al confirmar que no había intervenido en la operación de los billetes de 500 euros, de entrada quedó exculpada. La funcionaria asegura que nunca ha recibido ninguna presión para que informe a favor de la duquesa de Palma.

El juez insinuó en algunas de sus preguntas que Hacienda habría encabezado alguna maniobra para salvar a la Infanta, porque le llamaba la atención que uno de los informes jurídicos, adjuntado al estudio fiscal, se firmaba en Madrid y no en Barcelona. La inspectora, que negó cualquier maniobra de defensa, explicó que se firmó en Madrid porque la plaza de abogada del Estado de Barcelona estaba vacante.

Criterio técnico

Los tres peritos tributarios intentaron convencer en todo momento al juez Castro de que siempre se han guiado por un criterio técnico y que no se han dejado influir por presiones políticas. De hecho, dos de ellos insistieron en que ellos trabajaban para el juez y que si hubieran visto que su independencia peligraba, se lo hubieran dicho.

Sobre la polémica operación de 69.000 euros, que cuestiona el juez en su auto, los peritos defendieron que sí se trató de un gasto atribuible a Aizoon. Dijeron que ese dinero era el reparto de beneficios que Urdangarin abonó a su socio y, por lo tanto, esta cantidad se había abonado. El juez, al final, agradeció el trabajo que habían realizado estos peritos.

Por otra parte, el fiscal le explicó al juez que no existía ninguna maniobra para denunciarle y apartarle del caso.