La sentencia del caso Metalumba describe cómo dos empresarios de polígonos industriales de Palma se beneficiaron de los pelotazos urbanísticos (las llamadas zonas "M") que les facilitaron los dos dirigentes de UM condenados, Miquel Nadal y Bartomeu Vicens.
Según la Audiencia, gracias al impulso político de UM la edificabilidad total en Son Oms pasó de 380.306 metros cuadrados a 797.190 metros cuadrados.
La empresa de Jaume Montis Gestora de Desarrollo Son Oms (GDSO) vio incrementado en más de 5 millones el valor de sus solares en ese polígono.
Vipasima, la otra empresa beneficiada, pasó de poder construir un máximo de 6 oficinas y 72 aparcamientos a 65 oficinas y 359 aparcamientos.
La sentencia mantiene que otros dirigentes de UM, como Maria Antònia Munar, se dedicaron en esos años a cobrar elevadas cantidades de origen ilícito, casos que se investigan en otros sumarios.
