Jaume Matas está de enhorabuena. En las últimas semanas dos decisiones del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) han reafirmado sus tesis de que los mandatarios toman decisiones políticas, pero, aunque estas sean manifiestamente erróneas, retorcidas y contrarias a derecho, no delinquen porque sus subordinados son los encargados de materializar los expedientes administrativos y llevarlos a puerto. Si alguien prevarica o malversa no es el dirigente que da luz verde u ordena, es el alto cargo que ejecuta ese dictado.

El famoso "hágase" ("fiat") de Matas, un escudo protector frente a las acusaciones de ser el primer responsable de dar en Balears un trato de favor al yerno del Rey y de no controlar el destino de los fondos públicos, está dando buenos resultados. "Yo, dice Matas, decidí apoyar ese evento, pero no tenía responsabilidad a la hora de contratar con Nóos, mis subordinados lo hicieron y yo confié en que actuaron de acuerdo a la Ley". Ahora el tribunal valenciano ha exculpado a Francisco Camps y Rita Barberá, que, según los magistrados, se limitaron a "abrir puertas" al duque de Palma, guiados por que su condición de miembro de la Familia Real y experto en deportes de élite.

Otros exaltos cargos y funcionarios de la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia fueron, sostiene el tribunal, los que autorizaron los endebles convenios con Nóos y ellos deberán pagar el pato. A Camps y Barberá (y por simpatía a Matas) ni tocarlos.

Los políticos tienen duende en las alturas jurídicas. Su estatus les hace tomar medidas que conllevan gastos millonarios inútiles para los contribuyentes (en este caso los casi 6 millones de euros públicos que recibió Nóos de las administraciones valencianas y balear) y ser inmunes a la hora de depurar las responsabilidades penales por su mala gestión.