La Ley de Publicidad Institucional de Balears recibió ayer el visto bueno de la comisión parlamentaria de asuntos institucionales con el consenso de PP, PSOE y Bloc, de tal modo que sólo UM mantiene tres enmiendas para su debate en el pleno, en donde recibirá la aprobación definitiva. Entre las cuestiones que han consensuado los grupos destaca una enmienda de adicción presentada por el PP, por la que se limita al 5 por ciento del presupuesto de cada administración el total de gasto en publicidad institucional. En el caso de superar este porcentaje, la administración deberá justificarlo de manera "razonada" a la Comisión de Publicidad Institucional, cuya creación está prevista en la Ley.

Precisamente esta Comisión es objeto de dos de las enmiendas que mantiene UM, en las que pide que no se cree este organismo. Junto a ello, defiende que la obligatoriedad de elaborar un informe anual de todas las actividades de publicidad institucional no afecte a los ayuntamientos de municipios con menos de 50.000 habitantes, una postura rechazada por el resto de los grupos parlamentarios.

La Ley se aplicará al Parlament, Govern, entes y empresas públicas autonómicas, consells insulars incluyendo los entes y organismos que dependan de ellos, las instituciones y organismos de la Comunidad, los ayuntamientos y organismos que dependan de ellos y la UIB. Entre otras prohibiciones, estas instituciones no podrán realizar publicidad institucional para destacar sus logros de gestión o para obstaculizar y cuestionar las políticas públicas que haya realizado "otro poder público en el ejercicio de sus competencias". Además, no se podrá realizar publicidad institucional desde el día de publicación de la convocatoria de elecciones hasta el día de la votación, con excepción de las campañas previstas en la legislación electoral y la comunicación necesaria por el interés público o para el desarrollo correcto de los servicios públicos.