El juez Pedro Barceló podría abstenerse de investigar el caso del Plan Territorial de Mallorca (PTM) y ceder la instrucción a otro compañero por la amistad que mantiene con uno de los posibles imputados, al parecer un empresario. Las diligencias judiciales abiertas por el juzgado de instrucción 1 de Palma a raíz de la denuncia interpuesta el pasado lunes por la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Balears incluyen, además de los presuntos delitos contra la ordenación del territorio (urbanísticos) y prevaricación, los de tráfico de influencias.
Al juzgado que preside desde hace apenas 15 días Pedro Barceló le ha correspondido, por reparto, la investigación del caso PTM, un presunto entramado de corrupción entre cargos políticos de distintos niveles, técnicos, promotores, constructores y otros empresarios en torno a recalificaciones millonarias de varias fincas rústicas, situadas en cinco municipios de Mallorca.
En medios jurídicos de Vía Alemania ayer se barajaba la posibilidad de que Barceló se abstenga de investigar este sumario por su amistad con uno de los posibles implicados, una relación que viene de antiguo.
Pareja con el 8
Recientemente, una junta de jueces de Palma modificó el sistema de sustituciones entre los doce juzgados de instrucción y emparejó, a efectos de sustituciones, al juzgado número 1 con el 8, presidido por el magistrado Antoni Rotger. De esta forma, los dos jueces pueden ocuparse temporalmente de asuntos uno del otro en períodos de vacaciones, bajas, permisos, u otras circunstancias.
Las mismas fuentes señalaron ayer que esta nueva distribución de las sustituciones entre los juzgados podría ser impugnada al haber jueces que discrepan de los emparejamientos.
Así tampoco quedaría claro en caso de abstención a qué juez le correspondería tramitar un sumario que, a priori, parece complejísimo y es susceptible de colapsar el resto de asuntos del juzgado.
La fiscalía ha interpuesto la denuncia por presuntos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio, aunque no descarta que aparezcan, en el transcurso de las pesquisas, otras infracciones. De hecho, las diligencias judiciales abiertas ya están encabezadas por el delito de tráfico de influencias, que haría mención a la información privilegiada de algunos promotores sobre el PTM.
