La fiscalía ha aportado, junto a la denuncia por las presuntas irregularidades millonarias en la gestación del Plan Territorial de Mallorca (PTM), aprobado por el pleno del Consell insular del 13 de diciembre de 2004, nada más y nada menos que once cajas con documentación.
Los documentos son en su mayoría de carácter urbanístico y guardan relación con una serie de recalificaciones de fincas rústicas esparcidas por varios municipios (entre ellos Sóller, Campos, Alcúdia; Marratxí y Pollença). Un grupo escogido de miembros de la Guardia Civil ha rastreado durante meses las recalificaciones sospechosas y ha elaborado atestados, que han sido unidos a la denuncia. Los investigadores también han recabado a los ayuntamientos copias de sus normas subsidiarias, que también han sido depositadas en el juzgado de instrucción uno. La primera denuncia sobre la presunta corrupción en torno al PTM partió de la organización ecologista GOB, que comunicó a la fiscalía sus sospechas sobre algunas operaciones especulativas propiciadas por la norma territorial.
