"Existe un convenio suscrito y formalizado por el Gobierno de España, la Comunidad Autónoma, el Consell y los dos ayuntamientos implicados y, por tanto, este proyecto se asienta sobre un compromiso institucional firme", respondió ayer la secretaria general de Turismo, Amparo Fernández, a la pregunta de si un cambio de color en el Gobierno central, tras las próximas elecciones generales, podría hacer peligrar las inversiones que implique el desarrollo del proyecto. Además, recalcó que esta iniciativa se enmarca plenamente en el Plan del turismo español en el horizonte 2020, "estrategia aprobada y refrendada por unanimidad por todos los sectores y todas las comunidades autónomas y las entidades locales".
Por su parte, el conseller Buils manifestó que "existe un compromiso por parte de la empresa privada de que si las administraciones terminan llevando a cabo un plan real, de futuro, pondrán en valor su suelos, sus capitales, para que esto sea una remodelación total". Según remarcó, "también el capital privado deberá estar a la altura de las circunstancias".
En cuanto al coste de ejecución de la iniciativa, Buils dijo que hay un acuerdo firmado por las distintas administraciones que permitirá hacer frente a este plan y a algunas otras mejoras ya previstas, pero recalcó que hasta que no exista un proyecto definitivo no se podrá determinar "de qué se encarga la empresa privada y qué asume la Administración pública". El conseller recalcó que todo el mundo está de acuerdo en que este es "un proyecto de Estado" y que será después cuando se pondrán "los ceros que haga falta" para que sea llevado a cabo.
Cabe señalar que la secretaria general de Turismo aprovechó el domingo para recorrer, junto a Buils, la Playa de Palma y conocer de primera mano sus principales deficiencias y también sus puntos fuertes.
