El PSIB-PSOE y el Partido Popular han iniciado esta mañana, coincidiendo con el primer día de campaña de las próximas elecciones autonómicas y municipales un duelo a costa de la construcción o de la puesta a disposición de vivienda pública en Balears en los próximos cuatro años.

La presidenta del Govern balear y candidata del PSIB-PSOE en las próximas elecciones autonómicas, Francina Armengol, se ha comprometido esta mañana a triplicar la actual oferta de vivienda de gestión pública en los próximos cuatro años, con el fin de, al final de la legislatura, disponer de 5.000 viviendas con el precio del alquiler adaptado a las posibilidades de cada familia en lugar de las 1.800 actuales.

Armengol, acompañada por la candidata al Consell de Mallorca, Catalina Cladera, y del cabeza de lista de los socialistas al Ayuntamiento de Palma, José Hila, ha desgranado esta mañana el programa del PSIB-PSOE en materia de vivienda, que los socialistas quieren convertir "en la quinta pata del Estado del Bienestar".

Para ello, en los primeros seis meses de la próxima legislatura aplicarán "un plan de medidas extraordinarias de acceso a la vivienda" encaminadas a "generar más oferta, controlar los precios con el fin de abaratar tanto la compra como el alquiler" y todo ello sin crecimiento de suelo urbanizable, solo aprovechando el existente.

Armengol ha explicado que van a crear un observatorio de la vivienda, que fijará precios máximos de alquiler en las áreas más afectadas por la falta de vivienda. De esta forma, se elaborará un índice de precios de referencia objetiva y precios sociales en cada zona y los propietarios que los utilicen dispondran de incentivos fiscales.

Además de triplicar la oferta de vivienda pública, se aprobará un Plan de Espacios Habitacionales de Interés Autonómico, que permitirá construir en suelos calificados como de equipamientos a precios limitados con el fn de aumentar la oferta. Asimismo, se aplicará el silencio administrativo positivo a la hora del otorgamiento de la licencia de obras a las promociones que destinen al menos el 60% de los pisos a vivienda social.

También se prevé impulsar concursos públicos para la compra de viviendas en promociones plurifamiliares y se posibilitará el cambio de uso de oficinas siempre que estén en un edificio residencial y salgan al mercado en régimen de alquiler a precio tasado durante 10 años.

La candidata al Consell, Catalina Cladera, ha anunciado asimismo un plan de rehabilitación de casas vacías en pueblos y barriadas que incluirá ayudas a los propietarios que rehabiliten sus casas para destinarlas al mercado de alquiler residencial con un precio máximo fijado en cada municipio.

Entre las medidas de apoyo al alquiler y a la compra, el Govern, a través del IBAVI financiará la fianza del alquiler a las familias con menos de 25.000 euros de renta, se sacarán al mercado 2.000 viviendas vacías de grandes tenedores en régimen de alquiler, se bonificará el 95% del IBI de las viviendas que se dediquen al alquiler de larga duración, se bonificará el 75% del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras (ICIO) a las promociones que dediquen al menos el 60% de las viviendas al alquiler social además de una serie de deducciones del IRPF a los propietarios que saquen al mercado viviendas en régimen de alquiler de larga duración y de hasta 9.000 euros a los que compren inmuebles de hasta 200.000 euros para su uso como vivienda habitual.

La propuesta de los populares

Por su parte el candidato del PP, Gabriel Company, se ha comprometido a "facilitar la construcción de 8.000 viviendas a precios asequibles para los jóvenes", aunque ha señalado que se puede hacer "sin invertir un solo euro público".

Además de facilitar la construcción de estos nuevos 8.000 pisos, el candidato popular se ha comprometido también a facilitar la financiación necesaria a los menores de 35 años para que las puedan comprar porque, ha señalado, "el 80% del crédito que da el banco no es suficiente", por lo que el Govern "les avalará el 20% restante".

Ante el antiguo cuartel de Son Busquets, propiedad del ministerio de Defensa y en el que desde hace años se prevé la construcción de 830 viviendas de protección oficial, Company se ha comprometido también a facilitar suelo público para construir y a reducir los gastos de compraventa, ya que va a bajara el impueto de transmisiones patrimoniales del 8% actual al 2%, lo que va a suponer "entre 10.000 y 12.000 euros menos de este impuesto en cada operación".

También se aprobará un plan de bonificaciones fiscales a los propietarios de pisos que los alquilen a un precio que se determinará y que rondará los 500 euros mensuales.

Para Company, a diferencia de otras formaciones políticas "que se quieren gastar 100 millones para hacer 1.000 viviendas", su propuesta contempla que sea la iniciativa privada quien se encargue de estas promociones, por lo que se podrán ejecutar "sin invertir un solo euro público", por lo que desde el Fovern "solo se pondrá el aval".

De esta forma, se pretende la cesión de suelo para la construcción de vivienda para su venta, a un precio "de entre 150.000 y 200.000 euros" o bien para que los promotores los ofrezcan después en régimen de alquiler a un precio máximo de 500 euros.

Tanto las empresas que accedan a la construcción de estas promociones como los compradores deberán cumplir una serie de condiciones. Los compradores, por ejemplo, deberán usar la casa adquirida como primera vivienda y no podrán utilizarlas para especular. En el caso de que, una vez avalada la vivienda, si se produce el impago el Govern la recuperará y la volverá a sacar al mercado.

Por su parte, el candidato a la alcaldía de Palma, Mateo Isern, se ha comprometido a "habilitar el solar de Son Busquets y la antigua cárcel para que se pueda construir vivienda". Ha recordado que, con solo estas dos iniciativas se dispondrá de 1.000 casas. También ha anunciado ayudas a los propietarios que disponen de casas para alquilar consistentes en garantizar el cobro y que los propietarios puedan recuperar sus propiedades en caso de impago. Solo con estas medids, según Isern "veríamos como aparecerían en el mercado cientos de miles de viviendas y se podría solventar de manera mucho más rápida la situación".