España presiona para que Europa traslade las exigencias medioambientales a los puertos del norte de África

España está presionando para que el transporte marítimo que recale en los puertos del norte de África se incluya en la obligación del pago por emisiones de gases de efecto invernadero, responsables del calentamiento global, tal y como ya hacen las navieras en los países europeos desde enero. La inclusión para acelerar su transición energética del transporte marítimo en Europa dentro del régimen de comercio de derechos de emisión (directiva ETS), que ya abonan sectores como la aviación, ha motivado la protesta de las estibadoras, que aseguran que la directiva puede comportar pérdida de puestos de trabajo. Bajo esta premisa han convocado para este miércoles en los puertos españoles un paro de dos horas, de 13:30 a 15:30 horas.

Los estibadores españoles secundan la protesta que ha convocado la organización europea de trabajadores portuarios European Dockworkers Council (EDC), que también seguirán entidades sindicales de otros 11 países: Francia, Eslovenia, Suecia, Dinamarca, Chipre, Malta, Grecia, Montenegro, Italia, Croacia y Portugal. La organización europea se manifestará asimismo en Bruselas. 

Propuesta de medidas

El ministro de Transportes, Óscar Puente, liderará este jueves una reunión convocada a propuesta de España para debatir con algunos de sus homólogos sobre el impacto de la directiva sobre el transporte marítimo y compartir posibles fórmulas para mitigarlo. Entre estas medidas, Puente defiende la creación de la figura de 'Puerto Transparente', según la cual las escalas o transbordos en un puerto no europeo situado a menos de 300 millas de uno de la UE y cuya actividad de descarga de contenedores supere el 65% estén también sometidos al régimen de comercio de emisiones. Con ello se desea evitar que las navieras, en una maniobra para esquivar mayores costos europeos, opten por cambiar sus rutas y hagan escala en puertos como Tánger Med o Port Said (junto al canal de suez), en lugar de seguir haciéndolo en Algeciras, Barcelona, Valencia o Cartagena. Según ejemplifican los puertos afectados, una ruta procedente de Estados Unidos que normalmente hace escala en Algeciras o Barcelona antes de dirigirse al canal de Suez, puede optar ahora por parar en Tánger Med.

Capacidad de reacción

En sus alegaciones España logró introducir un mecanismo de revisión de la directiva europea para monitorizar y establecer medidas preventivas que puedan implantarse rápidamente cuando se detecte una amenaza inminente. “Es imprescindible hacer uso de este mecanismo de revisión tan pronto como se detecte una amenaza”, alertó una delegación del ministerio en un contacto previo con los departamentos responsables de la Comisión Europea. Es por ello que Puente también incidirá el jueves frente a sus homólogos en establecer un sistema de monitoreo de las amenazas que implica el nuevo mercado de emisiones del transporte marítimo a los puertos de la UE. 

Frente común

Los principales puertos de España y de otros países del sur de Europa se han unido para hacer frente a la implementación de la directiva del Sistema de Comercio de Emisiones (ETS) de la Unión Europea, solicitando el respaldo de la Organización Marítima Internacional (OMI) para extender estas medidas a todos los puertos mediterráneos, independientemente de si pertenecen o no a la UE. El propósito de esta acción conjunta es prevenir cualquier desventaja competitiva que pudiera surgir entre los puertos europeos y aquellos situados en países no miembros de la Unión Europea.

El 90% del comercio mundial se desarrolla por vía marítima, cuyo transporte representa entre el 3% y el 4% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. En el último encuentro del Comité de Protección del Medio Marino de la OMI, celebrado a finales de marzo, aumentaron los apoyos al establecimiento de un impuesto global a las emisiones de gases de efecto invernadero en el transporte marítimo. La OMI ya señaló la necesidad de establecer algún tipo de precio a las emisiones a nivel mundial, que debería entrar en vigor a finales de 2025, tras la adopción en julio del año pasado de la nueva estrategia global para reducir las emisiones. Según el plan establecido, deberían caer hasta un 30% en 2030 para alcanzar las cero emisiones netas en 2050. No obstante, aún es necesario sumar el apoyo a este impuesto global de países tan importantes como China, el mayor exportador del mundo.

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