El Estado sube las tasas aéreas y elude la petición de Canarias de estar exenta

El incremento de las tasas aeroportuarias en un 4,09% a partir de marzo, confirmado ayer por el Gobierno central, cuenta con la oposición frontal del Ejecutivo canario, las compañías aéreas y el sector turístico. El Gobierno regional se queja de no haber sido partícipe de la decisión de esta subida para que se modulara en los aeropuertos canarios, al ser la única vía para entrar y salir de las Islas no solo para los turistas, sino también para los residentes en el Archipiélago, los canarios que viven fuera o los que vienen a Canarias por asuntos de trabajo. «Aquí no hay plan B con otros medios alternativos de transporte, los aeropuertos son estratégicos y deben estar exceptuados del incremento de tasas», advierte la directora general de Transportes, María Fernández.

También la consejera de Turismo, Jéssica de León, recuerda que en octubre se reunió con el consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, a quien le trasladó la necesidad de que Canarias quedara exenta de esta subida de tasas que el operador aeroportuario había propuesto al Ministerio de Transportes y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). «Los aeropuertos son elementos de cohesión territorial y este incremento lo acabarán pagando los residentes en las Islas y también los turistas», advierte De León.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, confirmó ayer en un acto público que la subida de las tasas es «inexorable» pero que aún así éstas se mantendrán por debajo de las de 2019. Puente subrayó que se van a aplicar algunos incentivos y elementos que «pueden ser muy interesantes» para las aerolíneas, «sobre todo con el objetivo de desarrollar el tráfico internacional» hacia aeropuertos regionales. El ministro también recordó que las tasas aeroportuarias no han subido en los últimos cuatro años, que se acumula una subida del IPC del 15% desde 2019 y que este incremento equivale a 40 céntimos por pasajero.

Desde el sector aéreo, la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) lamenta que salga adelante la propuesta de Aena en contra de lo que pedía la Asociación, que planteó una congelación tarifaria o, en su defecto, una subida moderada del 1,5%. Para las compañías aéreas «esta decisión no favorece la competitividad del sector y le resta fortaleza, en un contexto en el que, aunque se ha recuperado el tráfico aéreo precrisis, todavía hay compañías aéreas endeudadas y la rentabilidad de las aerolíneas es aún muy baja. Este incremento no contribuye a fortalecer al sector, al turismo y a la economía en su conjunto».

Desde el sector turístico, el presidente de la patronal de empresarios de Las Palmas, José María Mañaricua, recordó que los aeropuertos canarios son los más rentables de la red de Aena y el único medio de transporte para viajar a las Islas por lo que «no entendemos que la subida se aplique igual a Canarias que al resto de los aeropuertos del país, es un sobrecoste más para los billetes a lo que hay que unir la tasa de emisiones de la UE o el incremento de impuestos en Alemania sobre los pasajes aéreos. El encarecimiento de la conectividad perjudica a la llegada de turistas», asegura el dirigente empresarial.

Mañaricua está en la misma línea del Gobierno regional de que prime el «hecho diferencial» de las Islas a la hora de aplicar los incrementos de tasas aéreas después de la congelación que ha habido en los últimos años. En este sentido, la directora general de Transportes, María Fernández, incide en que el Estatuto de Autonomía da derecho a Canarias a participar «en la elaboración de este tipo de políticas para que sean adaptadas y dimensionadas a la realidad de una región ultraperiférica como es Canarias, porque en el contexto continental una subida del 4% puede ser baja pero aquí tiene mayor impacto». Fernández señaló que se va a realizar un estudio sobre la repercusión de esta subida para exigir la «excepcionalidad» o la «modulación» de las tasas en los aeropuertos canarios.

Para la consejera de Turismo, Jéssica de León, el aumento de las tasas llega en un «mal momento» debido a la incertidumbre marcada por los «vaivenes inflacionistas», la entrada en vigor de los derechos de emisión o la recesión técnica de Alemania.

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