La reforma eléctrica pactada en Europa tardará años en notarse en los recibos

La reforma del mercado eléctrico acordada el jueves por los ministros de Energía de los veintisiete países de Unión Europea (UE) para evitar la volatilidad de los precios está previsto que se apruebe definitivamente en 2024, pero tardará varios años en notarse en los recibos que pagan los consumidores. Los repuntes del precio del gas, que vuelven a agravarse con el conflicto en Oriente Medio, seguirán, de momento, tensionando los mercados y –fruto de un sistema marginalista de fijación del precio mayorista de la energía que se perpetúa con la reforma– inflando los recibos del consumidor final.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, señaló anteayer en Luxemburgo que, con el pacto, los consumidores podrán beneficiarse de precios de la energía mucho más estables, de una menor dependencia de los combustibles fósiles y de una mejor protección frente a futuras crisis con la puesta en marcha de una nueva figura de declaración de crisis temporal de precios de la electricidad que permitirá a los Gobiernos adoptar medidas extraordinarias cuando los precios promedio mayoristas "muy altos" duren al menos seis meses y se espere que los fuertes aumentos de los precios minoristas continúen al menos durante tres meses. Solo esta última medida de emergencia para casos extremos tendrá aplicación inmediata con la ratificación del pacto. La estabilidad de precios y la menor dependencia de los combustibles fósiles ya son objetivos a largo plazo al depender del despliegue de las renovables.

El Consejo de la UE ha acordado que los Estados miembros fomenten la celebración de contratos de compraventa de energía a largo plazo eliminando obstáculos y poniendo en marcha sistemas de garantías respaldados por el Estado, como ya está haciendo España –con escaso éxito hasta el momento– dentro del estatuto de los consumidores electrointensivos, documento que no ha cumplido con las expectativas de la gran industria asturiana intensiva en consumo energético.

La principal novedad del pacto sellado en Luxemburgo es el impulso de los denominados "contratos bidireccionales por diferencia", contratos a largo plazo celebrados por los gobiernos con los promotores de nuevas instalaciones de generación de energía eólica, solar, geotérmica, hidroeléctrica sin embalses y nuclear –o de las ya existentes si aumentan su vida útil o se van a repotenciar– por los cuales los gobiernos complementan el precio de mercado de la electricidad cuando este es bajo y obligan al productor a que reembolse un importe cuando el precio de mercado supera un determinado límite con el fin de evitar beneficios extraordinarios excesivos.

El objetivos de estos "contratos bidireccionales por diferencia" es impulsar las instalaciones de renovables –para desplazar a las centrales de combustibles fósiles y con ello reducir emisiones y bajar los precios por los menores costes de generación– y proporcionar previsibilidad al mercado. Sin embargo, los Veintisiete han pactado que estos contratos solo se aplicarán tras un periodo transitorio de tres años tras la entrada en vigor del futuro reglamento, a fin de mantener la seguridad jurídica de los proyectos en curso. En decir, habrá que esperar hasta 2027 para la entrada en vigor y más tiempo para constatar los efectos en los recibos de hogares y empresas.

Protección al consumidor

El Consejo de la UE también acordó reforzar la protección de los consumidores estableciendo la libre elección del suministrador y la posibilidad de acceder a tarifas dinámicas de la electricidad (vinculadas a los vaivenes de los precios mayoristas) y a contratos de duración determinada y a precios fijos. El Consejo también acordado unas normas más estrictas para los suministradores en sus estrategias de cobertura de precios y normas para proteger a los clientes vulnerables de las desconexiones mediante el establecimiento de sistemas de "proveedor de último recurso".

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