El Supremo tumba el intento de las pequeñas eléctricas de librarse de pagar por el bono social

El Gobierno aprobó el año pasado un nuevo modelo de financiación del bono social eléctrico, el programa de descuentos en el recibo de luz que se aplica a los hogares vulnerables, después de que el Tribunal Supremo tumbara el anterior mecanismo. El nuevo sistema cargó el coste de las ayudas, actualmente más de 800 millones anuales, a todas las compañías del sector eléctrico sin excepción (comercializadoras, distribuidoras, generadoras…).

Las compañías eléctricas vuelven a la carga y ya han iniciado la batalla legal para anular también el nuevo mecanismo de financiación. De momento, el Tribunal Supremo ha frustrado el intento de tumbarlo emprendido por las eléctricas independientes y ha frenado su plan de dejar de pagar la parte que les toca asumir del coste total del programa de ayudas.

La Asociación de Comercializadoras Independientes de Energía (ACIE), que integra a una quincena de compañías no integradas en los grandes grupos verticales y entre las que se encuentran Acciona, Cepsa, BP, Totalenergies o Feníe, presentó el pasado octubre un recurso para tratar de tumbar la última reforma legal por considerarla discriminatoria al cargar aproximadamente la mitad del coste del bono social de luz al sector de la comercialización de electricidad.

La patronal de la pequeñas eléctricas también reclamaba al Tribunal Supremo que presentara una cuestión prejudicial ante TJUE para que determinara si el nuevo modelo de financiación contravenía el derecho comunitario y que elevara una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional.

El Supremo directamente ha decidido no admitir el recurso de ACIE, descartando tener competencia para la revisión jurisdiccional que pretendía la asociación. El Tribunal critica que la patronal eléctrica intente “generar la apariencia” de que impugna preceptos de un real decreto (que sí podría estudiar el Supremo por tener rango reglamentario), cuando “lo cierto es que lo que se impugna en este recurso son varios preceptos de dos reales decretos leyes”, que el Supremo no puede anular por tener rango de ley.

La Abogacía del Estado también se oponía al recurso y sí entró en el proceso a contraargumentar las quejas de ACIE sobre el supuesto trato discriminatorio que sufren las empresas comercializadoras en relación al resto de subsectores eléctricos en el reparto del coste de las medidas de ayuda a hogares vulnerables. El abogado del Estado defendía que, si todas las actividades del sector eléctrico participan en el reparto en función del peso de su facturación agregada y dentro de cada subsector el reparto entre compañías se hace también en función de la facturación de cada una de ellas, no puede entenderse que haya discriminación alguna.

El coste del bono social

El bono social eléctrico permite aplicar rebajas en las facturas de luz de entre el 25% y el 40% en función del grado de vulnerabilidad de los clientes (actualmente, como parte de las medidas anticrisis los descuentos se han elevado de manera temporal hasta el 65% y el 80% del recibo).

Inicialmente el coste de este mecanismo lo asumían sólo las grandes eléctricas forzadas a comercializar la tarifa regulada de luz: Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP y Viesgo (estas dos últimas han sido sustituidas por Totalenergies y Repsol con los años). Las sucesivas reformas del sistema de financiación tras revolcones judiciales han ido ampliando la lista de compañías que tenían que asumir el coste de los descuentos para hogares vulnerables.

El actual Gobierno, atendiendo los requerimientos del Tribunal Superior de Justicia de la UE y tras la última anulación del Supremo, aprobó el año pasado una reforma que carga el coste del mecanismo a todas las compañías del sector eléctrico sin excepción (comercializadoras, distribuidoras, generadoras...).

El grueso de la financiación sigue recayendo en los grandes grupos energéticos, ya que el peso se reparte en función de la cuota de mercado de cada empresa. La grandes eléctricas insisten desde hace años en reclamar que sea el Gobierno, a través de los presupuestos generales del Estado, el que asuma el coste por tratarse de una política social y que no se cargue a las compañías.