El Ministerio de Trabajo y Economía Social da marcha atrás y se compromete a mantener en su integridad el marco vigente de bonificaciones a la contratación de personas con discapacidad. Según se ha informado esta mañana desde el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), el departamento que dirige Yolanda Díaz “ha atendido las propuestas realizadas desde la sociedad civil de la discapacidad” en relación a lo recogido en el Anteproyecto de Ley por la que se regulan los incentivos a la contratación laboral y otras medidas de impulso y mantenimiento del empleo estable y de calidad.
En este documento, en fase de trámite de audiencia pública, se alteraba de una forma sustancial la regulación de una parte fundamental de los incentivos a la contratación de personas con discapacidad, los relativos a las bonificaciones a la Seguridad Social. Lo hacía suprimiendo o reduciendo las bonificaciones y equiparando el empleo protegido (bonificado actualmente al 100%) al ordinario, lo que supondría un duro golpe para los 192 centros especiales de empleo que actualmente están activos en la región, de acuerdo a los datos facilitados por la Consejería de Educación y Empleo extremeña. De ellos, 62 son de iniciativa social y 130 de iniciativa empresarial, y pertenecen fundamentalmente al sector servicios. En total, son 3.010 los trabajadores subvencionados (1.825 hombres y 1.185 mujeres).
El presidente de Cermi Extremadura, Jesús Gumiel se muestra “muy satisfecho con la marcha atrás de este anteproyecto”, si bien lamenta el “sufrimiento innecesario” que ha causado en los trabajadores con discapacidad y en los empresarios. Asimismo, atribuye el que sus demandas hayan sido atendidas a la “respuesta descomunal” y “en tiempo récord” que se ha generado desde “todo el movimiento asociativo en torno a la discapacidad”, con “cientos y cientos de alegaciones” que se han presentado de forma casi inmediata desde todos los puntos de España en contra de esta iniciativa.
Gumiel destaca igualmente que, en el marco de esta interlocución, el ministerio ha avanzado que promoverá “con celeridad” una solución normativa para restaurar la asimilación legal entre situaciones de incapacidad laboral permanente de Seguridad Social y grado de discapacidad del 33% a efectos laborales. Una situación “que desapareció en 2018 a causa de una sentencia judicial que advirtió un defecto meramente formal en la norma que la aprobó en 2013”, puntualiza el Cermi en un comunicado. Una modificación que ha causado “mucho daño” y que, precisa Gumiel, estaba retrasando la puesta en marcha de nuevos incentivos a la contratación por parte de la Administración autonómica.
En este sentido, Gumiel agrega que está previsto mantener una reunión el próximo miércoles con la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, “para hacer una valoración de todo lo que ha sucedido en este tema y para seguir trabajando con la Junta de Extremadura en el clima de complicidad y diálogo que siempre ha imperado”.
La Junta de Extremadura invierte anualmente en políticas activas de empleo destinadas a personas con discapacidad 17, 9 millones de euros y “todos los centros especiales de empleo que hay en Extremadura reciben ayudas”, resalta la consejería.
