El Grupo Popular defendió este jueves en el pleno del Congreso de los Diputados su veto a la reforma de las pensiones propuesta por el Gobierno y la vuelta a las medidas del 2013 que impulsó el entonces presidente popular Mariano Rajoy. Según cálculos de organismos como el Banco de España, la Airef o el FMI, aquella reforma hubiera supuesto un recorte de las pensiones del 40% al cabo de 20 años, tal como recordó el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, durante el debate en el pleno del Congreso de la enmienda de totalidad presentada por el PP contra el proyecto de ley del Gobierno para la primera fase de la reforma de las pensiones, que revaloriza las pensiones de acuerdo con el IPC. El proyecto de ley también deroga el factor de sostenibilidad del PP a la espera de pactar uno nuevo con los agentes sociales que ahora se denominaría "factor de equidad intergeneracional".

Sin embargo, el pleno de la Cámara baja ha acabado tumbando la enmienda a la totalidad presentada por el grupo parlamentario popular al proyecto de ley. Con 143 votos a favor de PP y Vox, 194 en contra y 11 abstenciones, la Cámara Baja ha respaldado así que la reforma de pensiones continúe con su trámite parlamentario en el que, ha reconocido Escrivá será "debatida y mejorada" vía enmiendas parciales.

Recortar el poder adquisitivo

El doble juego del índice de revalorización de las pensiones (IRP) adoptado por el Gobierno del PP en 2013 y del factor de sostenibilidad (que recortaría la cuantía de la pensión en función de la mayor esperanza de vida) es lo que según los diferentes organismo podría acabar recortando el poder adquisitivo de la pensión en un 40% al cabo de 20 años y son los elementos con los que acaba el proyecto de ley presentado en el Congreso. Este primer proyecto de reforma de las pensiones llega al Congreso avalado por el pacto social previamente alcanzado con patronales y sindicatos, con el propósito de su entrada en vigor a partir del 1 de enero.

"Recortar las pensiones el 40% en la vida de un pensionista, esa es su reforma", reprochó Escrivá, al portavoz popular Tomás Cabezón durante un debate en el que Gobierno y PP se cruzaron mutuas acusaciones de pretender recortar las prestaciones. "El (próximo) mecanismo de equidad es su recorte", le reprochó Cabezón a Escrivá, a quien acusó de retrasar la definición de este sistema. "Hoy nos presenta lo fácil, luego vendrán los líos y las dificultades", le dijo el diputado popular al ministro. "El factor de equidad intergeneracional, la medida más importante de esta ley no está en la ley. Se meterá por la puerta de atrás por vía de enmiendas y significará o trabajar más tiempo o cobrar menos pensión" afeó Cabezón al ministro.

Factor de equidad intergeneracional

El ministro Escrivá explicó que el próximo factor de equidad intergeneracional -que el Gobierno pretende pactar con los agentes sociales antes de mediados de noviembre para su incorporación al proyecto de ley y del que no se conoce su formulación- será un sistema "contingente", que sólo entraría en juego si el se produce un desequilibrio en las cuentas de la Seguridad Social.

Antes que eso también explicó que las reformas del Gobierno -acordadas con la Comisión Europea en el marco de la recepción de los fondos europeos de recuperación- equilibrarán las cuentas de la Seguridad Social en 2023 con la culminación de la llamada "separación de fuentes", que extraen del organismo políticas que no deben ser financiadas con cotizaciones sociales, por no ser contributivas. En 2021 ya se han traspasado al Presupuesto del Estado 14.000 millones de los llamados "gastos impropios" que se venían financiando con cotizaciones y en 2022 esta cifra se elevará a 18.400 millones, según Escrivá, antes de alcanzar en 2023 los algo más de 22.000 millones identificados por los grupos parlamentarios en su informe del Pacto de Toledo.

Revalorización con el IPC

El llamado "proyecto de ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones" que inició este jueves su tramitación parlamentaria, con el debate de la enmienda a la totalidad presentada por el PP, incluye como principal medida la revalorización según el IPC. Según el texto, las pensiones subirán a partir del año que viene en función de cómo haya evolucionado la inflación durante el ejercicio precedente. Se utilizará como base la media del IPC entre noviembre de un año y otro. Y en aquellos ejercicios que cierren con un IPC negativo, las pensiones no bajarán, sino que se les aplicará un 0% de revisión. Así el Ejecutivo quiere asegurar el mantenimiento del poder adquisitivo.

Edad de jubilación

El proyecto de ley mantiene la edad legal de jubilación 67 años en 2027 (ahora es de 66 años) pero introduce incentivos para demorar el retiro más allá de la edad legal. Así se establece una prima del 4% en la pensión por cada año que se posponga el retiro. Antes dicho premio era del 2%. Los trabajadores también podrán escoger como alternativa cobrar un cheque de entre 4.786 y 12.060 euros por cada año más de vida laboral. Si la esperanza de vida es alta, en total es menos dinero, pero se cobra de golpe.

En paralelo a los incentivos para trabajar más, Escrivá también dispone desincentivos para retirarse antes. Antes los coeficientes reductores que calculaban cuanto bajaba la pensión eran trimestrales y ahora son mes a mes y más altos al principio. Además se aumentan los coeficientes penalizadores para quien se prejubile dos años antes o en los tres meses previos a su edad legal y quedará prohibida la jubilación forzosa en los convenios colectivos por debajo de los 68 años. También suben ostensiblemente las penalizaciones para las prejubilaciones entre los trabajadores con salarios más altos, pero estas no entrarán en vigor hasta el 2024 y lo harán gradualmente.  

Nuevos derechos

El primer bloque de la reforma de las pensiones también incluye otras medidas, como la equiparación en el acceso a las pensiones de viudedad de las parejas de hecho como si fueran matrimonios. Otra novedad es la obligación de que las empresas o entidades públicas que tengan estudiantes en prácticas coticen por ellos, independientemente de si dichos becarios perciben o no una remuneración.