La Inquisición se estableció en Mallorca en el contexto de la política confesional y la vigilancia de la fe de la comunidad cristiana con el decidido propósito de impedir la propagación de la práctica herética en la isla, en concreto para controlar que los judíos conversos, denominados criptojudíos, siguieran practicando en la clandestinidad la fe legada por sus ancestros, la Ley Mosaica. El profesor de Historia Moderna de la UIB, Eduardo Pascual, ha realizado un estudio en el que se escudriñan las primeras actuaciones del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, su estructura, y, apartado fundamental, el expolio, confiscación, de los bienes de quienes eran declarados herejes en aquellos primeros años, entre 1489 y 1491, reinando en las Españas Isabel en Castilla y su esposo Fernando en Aragón, que han pasado a la historia con el sobrenombre de los Reyes Católicos. Fue el papa Sixto IV el que permitió a Fernando e Isabel nombrar al inquisidor general y a los inquisidores en sus reinos, que eran nombrados por los reyes limitándose el Sumo Pontífice a ratificar las nominaciones. El año 1488 vio aparecer al temido tribunal eclesiástico en Mallorca, que de inmediato fijó su atención en los criptojudíos, extremando la vigilancia para impedir cualquier práctica opuesta a los ritos católicos. Dato elocuente: más del 95 por ciento de los encausados a lo largo del reinado de Fernando de Aragón, gobernante de facto también en Castilla, al no existir teóricamente judíos en Mallorca desde su conversión forzosa acaecida tras el asalto a la judería de Palma en 1391 y la masiva conversión de 1434, se concretó en este sector social.
Los primeros inquisidores nombrados por Fernando el católico desembarcaron en Mallorca el 9 de junio de 1488. Se trataba del zaragozano Sancho Martín y del oriundo de Daroca Pedro Pérez de Manubrega. El castillo del Temple fue la primera sede del Santo Oficio pasando posteriormente, hacia 1489, al palacio episcopal. Los integrantes del Santo Oficio requerían condiciones morales ejemplarizantes referidas a su honradez y piedad y preferentemente ser licenciados en leyes o en Teología. Durante cuatro meses realizaban por turnos visitas al distrito de su jurisdicción, acompañados por notario, nuncio y portero. Uno de ellos actuaba como fiscal relacionado con las confiscaciones y secuestro de bienes, que pasaban a engrosar las arcas del Reino y de la Iglesia, lo que en el caso de los judíos reportó pingües beneficios. Con el establecimiento de la Inquisición en un territorio, caso del reino de Mallorca, se publicaba un edicto de gracia a partir del cual se iniciaba el procedimiento contra los denominados actos heréticos, esencialmente seguir practicando la Ley Mosaica. El edicto exponía el motivo y su finalidad, como era la de devolver a los heréticos al catolicismo a pesar de los errores cometidos. Los inquisidores establecían un plazo prudencial de alrededor de un mes para que los considerados herejes admitieran las prácticas judaicas abjurando de ellas. Seguidamente, los inquisidores llevaban a cabo un concienzudo interrogatorio con el objeto de reconstruir al grupo herético, así como indagar sobre el cumplimiento de los preceptos católicos, costumbres y prácticas religiosas de origen judío (circuncidados, celebrar la festividad del sábado, incumplir el ayuno cristiano, posesión de libros sagrados hebreos...). El mes de gracia finalizaba con la consiguiente imposición de las lucrativas multas y la celebración de ceremonias de abjuración y penitencias colectivas a lo largo del año. Era común la renovación de los edictos, sin sujetarse a pauta temporal, al acomodo de las necesidades del equipo inquisitorial.
Confesión voluntaria
El primer edicto de gracia aplicado en Mallorca fue publicado a las pocas semanas de instaurarse el Santo Oficio e instaba a los herejes y apóstatas a confesar voluntariamente sus errores ante el Tribunal con la promesa de ser absueltos, sin proceder a la confiscación de sus bienes durante tres años. La presión de los inquisidores hicieron mella en el grupo de judíos conversos, dado que en el primer edicto ascendieron a 337 los judíos que solicitaron el perdón eclesial, de los cuales 260 lo obtuvieron siendo readmitidos en el seno de la Iglesia católica; eso sí, previo pago de multa de 10.560 libras, cantidad considerable, 14 sueldos y 8 dineros, suma prorrateada entre los conversos según sus disponibilidades patrimoniales. El acto de reconciliación, que así se denominaba la abjuración, se celebró en la Seo en agosto de 1488, en el transcurso del cual juraron obediencia a la Iglesia católica. Entre otras vejaciones, se les obligó a desfilar en procesión y a ayunar a pan y agua cada viernes durante un año. Concluido el período de gracia los inquisidores iniciaron los procedimientos habituales para juzgar a las personas denunciadas que no se hubieran acogido a las medidas de indulto. A los condenados por herejía se les confiscaron sus bienes. Algunos huyeron de Mallorca siendo quemados simbólicamente en la hoguera en efigie. En el citado año de 1489 fueron condenados 53 conversos, quemados en efigie al estar fugados, salvo 5. La primera actuación pública del Santo Oficio se llevó a cabo el 2 de julio de 1489.
La Inquisición actuó económicamente contra los herejes que no se habían acogido a los edictos de gracia o que habían reincidido en la práctica de la fe de sus mayores con gran dureza. En el interrogatorio al que les sometían los inquisidores de forma individualizada de los xuetes no solo obtenían información sobre sus ritos religiosos, sino también los de sus familiares y amigos. De ese modo el Tribunal estaba en disposición de configurar el grupo de conversos heréticos y conocer la identidad de los no confesos.
Pereta Vençon, quemada viva
El auto de fe acaecido el 2 de julio de 1489 se saldó con una mujer condenada a arder en la hoguera. La cremación se produjo en la Porta Plegadissa. 18 personas fueron quemadas en efigie, al estar fugadas, y dos fueron condenadas a morir quemadas. Una de ellas fue Pereta Vençon, quien, a pesar del tormento al que se enfrentaba, insistió hasta el último momento en que no había cometido los delitos que le imputaba el Tribunal de la Inquisición. Los autos de fe continuaron días después con la condena a la hoguera de un sastre valenciano, que ardió en la pira acompañado de los huesos de una mujer, a la que no se pudo quemar por haber fallecido días antes, sin que se sepa a ciencia cierta si fue a causa de las torturas que las autoridades eclesiásticas le propinaron. A principios de septiembre del mismo año la plaza de Cort acogió un nuevo auto de fe en el que fueron condenadas a prisión perpetua 7 mujeres y 5 hombres. Después, en cremación masiva, ardieron 14 hombres y 8 mujeres por haber practicado «la Ley de Moisés».
El principal patrimonio confiscado a los judíos, los interrogatorios propiciaban muchas acusaciones falsas debido al inmenso terror que infundía la Inquisición, fue esencialmente urbano: casas, almacenes, desvanes..., repartidos por las parroquias de Santa Cruz y Santa Eulalia.
La Inquisición fue definitivamente abolida en España en el siglo XIX, tras la muerte del rey Fernando VII, concretamente el 15 de julio de 1834 por decreto de la reina regente María Cristina de Borbón, dedicada al expolio de las arcas públicas.
