Lo que se podía esperar de un organismo presidido por Javier Tebas ya lo han podido leer desde hace tiempo en esta misma columna. Quienes se lo perdieran pueden pedir informes en Badajoz, Heliópolis (o sea el Betis), Xerez, Rayo Vallecano, Huesca, o a Vicenç Grande (Mallorca) y Dimitri Piterman (Alavés). Abstenerse de las opiniones de Mateu Alemany, a quien acompañó en su frustrado asalto a la presidencia de la Federación Española de Fútbol o a Pedro Terrassa (Esfinge).
Desconozco el texto íntegro del titular del Mercantil número 7 que decretó la suspensión del descenso administrativo del Real Murcia y ordenó su reingreso en Segunda División, pero si, como he leído, argumenta que ello le impediría afrontar la liquidación de sus deudas, se estaría sentando un grave precedente, ya que dicho problema es común a todos los clubes que las arrastran y quedaría anulada la normativa que regula la pérdida de categoría por dicha causa. Lo que se ha producido es un conflicto jurisdiccional que acaba en el tribunal de lo contencioso administrativo, un proceso excesivamente largo para resolver sobre una competición que debería empezar dentro de ocho días.
Si en el caso de haber sido válida la decisión de la LFP se estaba perdiendo la oportunidad de reducir por fin a veinte contendientes el campeonato de plata o, salvado el Racing, a veintiuno, la sola idea de aumentar nuevamente el número a veinticuatro equipos, rescatando a su vez al Real Madrid Castilla, alcanza tintes de tragedia, no sólo por la duración de la competición que obligaría a programar jornadas intersemanales metidas con calzador entre las de Copa del Rey, sino que debido a la propia dinámica de ascensos con un play off que prolonga ya de por si hasta bien entrado el mes de junio, completaría una temporada de locura. Calidad aparte, claro está. Pero de esta gente se puede esperar cualquier cosa. Incluso algo peor.
