El PP de Inca aprobó ayer un gasto de casi un millón de euros en facturas sin consignación presupuestaria correspondientes a 2010. De ese dinero, 922.000 euros son achacables a gastos del propio Ayuntamiento y 40.394 al Instituto Municipal de Actividades Físicas (IMAF).

El concejal de Hacienda, Lluís Ferrari, esgrimió como defensa de la propuesta que "significa una reducción del 52% respecto del montante de facturas del año 2009. Fue un compromiso del alcalde y creo que se ha cumplido el objetivo de contención del gasto".

Ante esas palabras, el PSOE respondió de forma airada y abandonó el pleno en señal de protesta. Xavier Ramis, portavoz socialista, esgrimió con anterioridad que "lo lógico hubiera sido que el PP ofreciera una justificación y no un ejercicio de autobombo. Nos encontramos con facturas que superan el límite legal y otras que se han fraccionado".

El PSM criticó que el año pasado se presentó una remesa de facturas extrajudiciales a pleno, diciendo que se había reducido el número, pero que al cabo de unos meses se presentó otra. "Este año será igual puesto que ya sabemos por algunos proveedores que hay facturas presentadas que no están en el listado y no se han pagado", afirmó Antoni Rodríguez, portavoz.

Los independientes

Independents d´Inca puntualizó que "parece que no hay voluntad de arreglar esta situación. Propusimos que se estableciera un registro oficial de facturas e incluso se aprobó crear una central de compras; nada se ha hecho. De esa forma evitan la fiscalización y tener que rendir cuentas". El portavoz, Àngel Garcia, expuso que "hay facturas de proveedores regulares que no cobran desde febrero y eso significa que se hizo mal el presupuesto puesto que es una cantidad fija cada mes".

La guinda del debate fue la existencia de un informe del secretario en el que se dice que el reconocimiento de deudas extrajudiciales es un recurso legal, pero que en el paquete de facturas las hay correspondientes a contrataciones ilegales. Contratos que no podían formalizarse al no existir partida. También indica que hay facturas que exceden del límite legal y debían haberse contratado por concurso o subasta.

El alcalde, Rafel Torres, abundó en las palabras de Ferrari y señaló que "las facturas que se han traído son todas las que tenemos. Si hay más, no se han presentado al cobro". Por otra parte insistió en que se habían reducido los gastos y que agradecía al edil de Hacienda y al resto su labor.