Salvem sa Feixina denunciará a los responsables políticos del Consell que votaron en contra de la protección del monumentoen contra de la protección del monumento dedicado al crucero Baleares. La plataforma ciudadana acudirá a la vía penal porque considera que hubo "prevaricación" en la decisión de la comisión que se reunió el pasado 14 de julio, ya que "incumplió la votación de la ponencia técnica", según explicó ayer el portavoz de la plataforma, Tomeu Berga. Se apoya en una sentencia del Tribunal Supremo que señala que los responsables políticos de la administración "tienen potestad reglada, por lo que si han decidido convocar la ponencia, tienen que cumplir su mandato".

Este órgano propuso dos días antes que el obelisco de origen franquista fuese declarado Bien Catalogado y la comisión votó todo lo contrario. Dicha decisión fue ratificada el 18 de julio por el pleno del Consell y dio vía libre al ayuntamiento de Palma para iniciar el proceso de demolición. Con el fin de evitar que suceda, Salvem sa Feixina interpuso el 27 de julio un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo de la institución insular y solicitó al juez medidas cautelares, ya que las obras de supresión están previstas para noviembre, si no hay más cambios.

El colectivo formado por una veintena de entidades defenderá la permanencia del monumento erigido en honor a las víctimas del buque de guerra, por lo que si en septiembre son rechazadas las citadas medidas, solicitará la "cautelarísima el día del derribo", según avanzó Berga. El portavoz de Salvem sa Feixina espera que el contencioso administrativo esté resuelto antes de que ocurra, aunque el juez deberá estudiar primero toda la documentación que la plataforma ha recabado durante el proceso, en palabras del representante vecinal.

Otras organizaciones que han dado pasos en el mismo sentido para evitar la demolición son el Círculo Balear, que ha acudido a la Fiscalía, y el Partido Popular, que durante el último pleno de Cort propuso sin éxito frenar el derribo hasta que los tribunales se pronuncien sobre el recurso presentado por la plataforma. La asociación proteccionista ARCA estudia interponer otro recurso, aunque por ahora ha solicitado a Cort que incluya el monumento de la zona verde de sa Feixina en el catálogo municipal de inmuebles de interés arquitectónico, artístico o paisajístico.

La vía penal es el paso que más lejos llega y la plataforma calcula que en octubre tendrá lista esta denuncia contra los políticos del Consell de Mallorca, a los que acusa de prevaricar. Se trata de los ocho consellers del equipo de gobierno del Pacto (PSOE, Més y Podemos), que firmaron un voto presentado por el presidente de la comisión en contra de la preservación. El portavoz de Salvem sa Feixina recordó ayer que "una doctrina europea establece que un monumento debe ser protegido siempre que haya dudas".