Un estudio encargado desde hace meses a la Universitat de les Illes Balears (UIB) determinará el número de plazas turísticas que puede absorber la ciudad sin que estas afecten de forma negativa al precio de las viviendas ni al de los alquileres.
Esta limitación de establecimientos turísticos será complementaria a la zonificación prevista por la ley que tramita el Parlament balear para la regulación del alquiler turístico en viviendas plurifamiliar. En este caso el Ayuntamiento, una vez aprobada la ley, deberá decidir en qué zonas de la ciudad se permitirá el alquiler vacacional de pisos y en qué no.
Si bien no hay consenso entre los grupos integrantes del equipo de gobierno en relación al alcance de la medida, se prevé que, pese a que no se aprobará una prohibición generalizada, tal como aboga el actual alcalde, Antoni Noguera, y el grupo municipal de Més, es más que probable que esta actividad se prohíba en el centro de la ciudad y en zonas como la de Santa Catalina, así como en los barrios del primer Eixample.
En relación a la limitación de plazas turísticas, se pretende determinar en qué zonas la proliferación de este tipo de oferta, ya sea en hoteles de ciudad, hoteles boutique o en bloques de apartamentos está afectando a los precios de las viviendas y de los alquileres. Por ello, este estudio, entre otras cuestiones, deberá determinar en qué zonas se permitirán más plazas turísticas y de qué característica y en cuáles no.
Con esta medida se pretende aprobar una regulación similar a la acordada por el Ayuntamiento de Barcelona presidido por la alcaldesa Ada Colau. Uno de los problemas de esta limitación de plazas turísticas consiste en que no afecte a la posibilidad de continuar rehabilitando casals Se sabe que el incremento de plazas turísticas no se produce de forma significativa por las que se puedan autorizar en estos estableciminentos hoteleros, sino que se derivan especialmente de la conversión de edificios enteros del Centro Histórico en apartamentos turísticos.
La limitación de plazas se enmarca en una serie de medidas que debe incorporar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana tendentes a incrementar en los próximos años del 1% al 10% el número de viviendas de protección oficial existentes en la ciudad.
Entre otras, se propone la adquisición de vivienda pública por parte del Ayuntamiento, una medida que ya se ha iniciado tímidamente en barriadas como Corea, aunque el nuevo alcalde ha anunciado que en los próximos años habrá inversiones "millonarias", probablemente con fondos procedentes de la capitalidad, así comno el incremento del 30% al 50% el número de viviendas de protección oficial que se deberán ejecutar en las nuevas promociones urbanísticas.
