El responsable del área de obras del IME, encargado de todas las instalaciones deportivas de Palma, castigó al capataz que descubrió las presuntas irregularidades que estaba cometiendo la empresa Roig, que tenía asignado el contrato de mantenimiento de estos edificios. Alberto Serna, que ingresó en prisión por orden del juez Penalva, asumió el control de las tareas de mantenimiento que realizaba la empresa contratista, apartando de esta responsabilidad a los directores de los polideportivos, que dejaron de controlar los trabajos que se estaban realizando en estas instalaciones deportivas.

El primer responsable que se dio cuenta que los trabajos que realizaban los empleados de la empresa Instalaciones Roig, no coincidían con las condiciones del contrato, fue el capataz del polideportivo Rudy Fernández, en San Agustín. Se dio cuenta que estos empleados externos realizaban muchas menos horas de las que tenían que hacer. Comprobó que el mismo operario de Roig se repartía por varias instalaciones deportivas y, por tanto, no cumplía el horario completo en ninguna de las instalaciones. El capataz comentó esta situación al director del centro, que le confirmó que el contrato no se estaba cumpliendo. Este capataz pidió insistentemente el contrato. Cuando lo tuvo comprobó que las actuaciones que Roig tenía que hacer debían de ser informadas por escrito al jefe del área de mantenimiento, Alberto Serna, quien avalaba el informe con su firma. Después trasladaba esta información al director del polideportivo, que a continuación se lo comunicaba al capataz para que comprobara si los trabajos señalados se hacían o no. El capataz y el director del Rudy Fernández constataron que los trabajos que se señalaban en los informes nunca eran reales. Por ejemplo, se estaban pagando horas de más de los trabajadores de esta empresa privada. Por ello, el director del polideportivo y el capataz se negaron a firmar los comprobantes. No solo se mentía en cuanto a las horas trabajadas, sino que además se comprobó que en las facturas que se aprobaban no aparecían detallados los precios. Lógicamente, los dos responsables comunicaron al jefe de mantenimiento estas irregularidades, pero no se hizo nada. Al contrario, según han confirmado los trabajadores municipales, Alberto Serna pagaba las facturas entre otras cosas, según cree el juez, porque tenía una estrecha amistad con el dueño de la empresa Roig.

Pero no solo no se hizo nada para evitar el fraude económico, sino que el IME castigó al empleado que comunicó las irregularidades. El capataz del polideportivo fue apartado de su cargo de responsabilidad. Fue enviado, por orden de Serna, y con la aprobación del entonces gerente del IME, a otro despacho. Allí se dio cuenta que no tenía nada que hacer. Así estuvo tres años.

Según se describe en el sumario por este caso de corrupción en el IME, el anterior gerente de esta empresa municipal recibió al menos un centenar de correos electrónicos de un responsable, que le advirtió de las graves irregularidades que estaba cometiendo la empresa contratista. Sin embargo, no solo no se contestaron los correos, sino que no se hizo nada para que las cosas cambiaran. Según la investigación que ha realizado el Grupo de Blanqueo de la Policía, el Ayuntamiento de Palma pagó a la empresa Roig más de siete mil horas de trabajo en las instalaciones deportivas que no se realizaron. Esta partida supuso un coste de 187.345 euros. El juez y el fiscal concentran la responsabilidad de este presunto fraude, sobre todo, en el jefe del área de mantenimiento, que fue asumiendo toda la responsabilidad de control sobre la empresa contratista. Serna prohibió a los directores de los polideportivos que controlaran a los trabajadores de Roig y ordenó que esta tarea la realizaran los capataces, que se negaron a firmar los comprobantes.