La Policía, por indicación del juez Penalva y a petición del fiscal Subirán, se presentó ayer por la mañana en la sede de la empresa Instalaciones Roig. El motivo de esta actuación fue el requerimiento a la empresa para que hiciera entrega de todas las facturas de los años 2012 a 2014 pagadas a los proveedores que venden los productos, que después se utilizaban en los trabajos de mantenimiento de las instalaciones deportivas de Palma. Un representante de la empresa entregó toda la documentación requerida, que era muy voluminosa.

La orden del juez la ejecutó el Grupo de Blanqueo de la Policía. Los inspectores acudieron a la oficina de la empresa, ubicada en el Polígono de Can Valero, acompañados por una decena de agentes, que se desplazaron al lugar en dos furgonetas.

Esta sociedad, cuya facturación depende en su totalidad de los contratos que suscribe con las diferentes administraciones públicas, está siendo investigada por el presunto amaño de concursos y por la utilización de facturación falsa. El propietario de esta empresa, Antoni Roig, se encuentra en estos momentos en prisión, al igual que el exgerente del IME (Institut Municipal de l'Esport) y del jefe del área de mantenimiento de las instalaciones deportivas de Palma. Roig está acusado de entregar facturas falsas y sobrevalorar el precio de los materiales que se utilizaban en las instalaciones, que cobraba después al Ayuntamiento de Palma. El empresario aseguró que no tenía conocimiento de que se hubieran entregado facturas falsas para camuflar algunos gastos.

Tres polideportivos

La documentación que el juez estaba interesado en obtener, para investigar este aspecto económico de la empresa de servicios, se refiere a tres de los polideportivos más importantes de la ciudad. En concreto, se reclamaron facturas de los productos utilizados en los trabajos de mantenimiento que se desarrollaron en Son Hugo, Son Moix y en el Rudy Fernández de San Agustín. En esta última instalación deportiva se ha descubierto que se cobró la colocación de unas placas solares en el tejado del edificio, pero que nunca llegaron a instalarse. Los implicados en el caso afirman que este dinero, unos 100.000 euros, no se desvió hacia bolsillos privados, sino que se invirtió en otras mejoras de los vestuarios del polideportivo, que sufrían goteras. El cambio se decidió, según ellos, ante la imposibilidad de terminar con la instalación de las placas solares y para no perder el dinero de la financiación, que ya había sido aprobada.

El juez quiere saber a qué precio Roig pagaba los productos a los proveedores y a cuánto los vendía después al Ayuntamiento. El magistrado mantiene que, en alguna ocasión, el sobrecoste fue de más de un 150 por ciento, sospecha que se pretende confirmar con el cotejo de estas facturas.

Otro de los asuntos que intenta aclarar el juez es determinar con exactitud el nombre y categoría profesional de todos los trabajadores que intervenían en las labores de mantenimiento. El juez Penalva señaló en un auto dictado por esta causa, que el Ayuntamiento de Palma había abonado unos 178.000 euros por horas de trabajo de los empleados de la concesionaria, que nunca se realizaron. El magistrado sostiene que el empresario Antoni Roig disfrutaba de un trato especial por parte del Ayuntamiento debido a la relación de amistad que tenía con el jefe que dirigía la sección de obras y mantenimiento de todas las instalaciones del IME.

En la resolución judicial citada, el magistrado también señala que la concesionaria entregaba albaranes de trabajos sin los correspondientes precios.

La Policía analiza las facturas requeridas y que recogió ayer en las oficinas de Roig.