Las tres personas que la pasada semana ingresaron en prisión por su relación con la trama de corrupción que afecta al Instituto Municipal d'Esports (IME), del Ayuntamiento de Palma, quedaron ayer en libertad. Abandonaron el centro penitenciario ayer por la tarde, después de que un funcionario judicial hubiera entregado el auto de libertad que por la mañana dictó el juez Manuel Penalva, quien dirige esta nueva investigación. El juez cree que en estos momentos ya no existe el peligro de que los implicados puedan hacer desaparecer pruebas. Esta decisión beneficia al empresario Antonio Roig, al exgerente del IME, Antonio Ramis y al jefe del área de mantenimiento de esta empresa municipal, Alberto Serna. Ninguno de ellos tuvo que depositar una fianza económica, porque el juez no lo considera necesario, si bien tendrán que presentarse periódicamente en el juzgado, al menos mientras el caso no llegue a juicio. La única medida restrictiva que impone el magistrado es que ninguno de los tres podrá acercarse, a una distancia mínima de 200 metros, a ninguna de las oficinas que puedan estar relacionadas con esta investigación. Por ejemplo, no podrán acercarse a ninguna de las instalaciones deportivas que están bajo el foco de la investigación, ya que se teme que se cometieron graves delitos económicos a través de los trabajos de mantenimiento.

Esta decisión del juez, que se adoptó con el apoyo de la fiscalía, se tomó 24 horas después de que la Policía irrumpiera en las oficinas de la empresa Instalaciones Roig, que realiza el mantenimiento de las más importantes instalaciones deportivas de Palma. La Policía no tenían la intención, en ningún caso, de realizar un registro en las oficinas de esta empresa. El mandamiento judicial que entregaron al responsable de la empresa era muy claro. Se le requería para que entregara a la Policía las facturas de los año 2012 a 2015 de las empresas proveedoras, que proporcionan los productos que se utilizan en el mantenimiento de los polideportivos. Estas facturas fueron inmediatamente localizadas y entregadas a los inspectores, que en estos momentos las están analizando.

Los investigadores quieren conocer con detalle cual era el precio que la empresa Roig compraba los productos a estos proveedores, para compararlos con las facturas que presentaban después a la empresa municipal. El actual gerente del IME, que fue quien impulsó este caso, denunció que se estaban pagando facturas con precios inflados. De hecho, el juez, en el auto de prisión que dictó la semana pasada, señaló que la empresa Roig aumentaba en más del doble el precio de los productos que suministraba en estos trabajos de mantenimiento de los polideportivos de Palma.

Horas pagadas y no trabajadas

Otra de las irregularidades que señala el juez es que esta empresa, que también está siendo investigada por el contrato de la ORA, facturaba al Ayuntamiento de Palma las horas de sus trabajadores que no se realizaban, al menos en las instalaciones deportivas. Se calcula que por este concepto Cort ha llegado a pagar cerca de 180.000 euros de más.