Corrupción en la Policía Local

Ingresan en prisión otros dos policías locales implicados en la trama corrupta

Uno de ellos está acusado de extorsionar a empresarios y el otro de amenazar a un testigo

04.12.2015 | 09:06
El actual jefe de la Patrulla Verde negó al juez que hubiera extorsionado a empresarios nocturnos de Palma.

Las claves

  • Investigación: Los testigos aportan nuevos detalles de la trama

    A medida que avanza la investigación el juez dispone de otros nuevos nombres de policías locales que estarían también implicados en la trama corrupta. Agentes que han sido señalados por los nuevos testigos.

El juez Manuel Penalva volvió ayer a dictar una resolución contundente. Envió a prisión a otros dos policías locales de Palma por su presunta implicación en la trama corrupta. Decisión que se basa en los nuevos testimonios recabados en las últimas semanas, por lo que en estos momentos ya son nueve los policías locales de Palma que están en prisión por su relación con esta trama.

Uno de los policías que ha pasado su primera noche en la cárcel es Feliciano Franco, un veterano oficial que en las últimas semanas había sido nombrado jefe provisional de la Patrulla Verde. El juez, en el auto que ha dictado para justificar el ingreso en prisión, sostiene que este funcionario también habría participado directamente en la extorsión que habrían sufrido varios empresarios del sector nocturno de Palma.

El oficial, defendido por el abogado Andrés Buades, niega que se estuviera dedicando, como integrante de la Patrulla Verde, a presionar a los propietarios de estos locales nocturnos de Palma, a los que se les proponía que pagaran dinero para evitar estas inspecciones de sus locales. En las últimas semanas el juez ha escuchado el testimonio de otros empresarios nocturnos de la ciudad, que sitúan a este oficial dentro del mismo grupo de policías locales que se habrían dedicado a extorsionar a estas personas, a cambio de una protección especial.

Al menos son tres los testigos que han contado que Feliciano Franco también formaba parte del grupo de policías corruptos que exigían dinero a los empresarios para evitar las inspecciones. Estos cobros, según el juez, se entregaban en sobres cerrados y se calcula que cada uno contenía unos 500 euros. Las entregas eran semanales.

Uno de los denunciantes mantiene que este oficial también intervenía directamente en la inspección de los locales que sufrían este acoso policial, debido a que el dueño no quería, o no podía, pagar el dinero que le exigían. Esta persona ha detallado al juez Penalva y al fiscal Subirán que la Patrulla Verde inspeccionaba su local varias veces cada semana. Siempre le pedían la misma documentación que ya habían revisado días antes y justificaban que estas actuaciones respondían a denuncias previas presentadas por los vecinos. Sin embargo, se ha demostrado que estas quejas vecinales nunca se habían producido.

Otro testigo protegido ha contado que estas actuaciones de la Patrulla Verde siempre se producían en los horarios con más afluencia de clientes. Actuaban los días que hacían más caja, como por ejemplo las jornadas festivas, ocasionando una gran pérdida económica. La Patrulla Verde llegó a ordenar el cierre inmediato de uno de estos locales, sin que existieran motivos para adoptar esta drástica medida. El dueño ha contado que llegó a pagar a los policías, entre los que supuestamente estaría el último jefe de la Patrulla Verde, casi cuatro mil euros, a través de dos entregas. Mientras pagó no tuvo problemas, pero cuando dejó de hacerlo volvió a recibir constantes visitas de la Policía, que siempre terminaban en sanción, hasta el extremo de que tuvo que cerrar su negocio agobiado por las deudas y por las multas que imponía dicha unidad policial.

El oficial detenido reconoció ayer al juez que había participado en estas inspecciones con los otros agentes que están en prisión. Sin embargo, afirma que ni ha extorsionado a nadie, ni ha cobrado nunca dinero de estas personas.

Sindicalista

El otro policía local que ayer el juez envió a la cárcel es Jaime Garau
, que es representante sindical del CSIF, que ha sido expulsado de la organización. Se le acusa de haber amenazado a El Ico, el hijo menor de la Paca, que es uno de los testigos protegidos de la investigación. El joven ha manifestado que hace pocos días se encontró con Garau en el párking de la prisión. Había ido a visitar a su mujer. Asegura que el policía le advirtió que "fuera con cuidado" con las declaraciones que hacía sobre otros compañeros investigados. El policía, defendido por el abogado Mateo Cañellas, reconoce el encuentro con El Ico, pero no lo sitúa en las mismas fechas. Asegura que nunca le amenazó para que cambiara su declaración.

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