La delegada del Gobierno en Baleares, Teresa Palmer, ha denegado la licencia de arma corta al juez y al fiscal que están investigando la trama corrupta que salpica a la Policía Local de Palma que, hasta ahora, se ha saldado con ocho agentes en prisión. El juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán se han sentido amenazados como consecuencia de esta investigación (todavía secreta) que se inició hace más de un año y que se centra en un grupo de policías que se habrían dedicado a extorsionar a empresarios nocturnos de Palma. Y ante la posibilidad de que alguna de las amenazas que indirectamente les ha llegado, solicitaron permiso para tener un arma de protección personal, es decir, disponer de una pistola para poder reaccionar ante una situación de peligro.
Esta licencia de arma corta, cuya tramitación es distinta a la de una escopeta de caza, se solicitó hace ya varios meses. La condición de funcionarios del Ministerio de Justicia no les ha supuesto ningún tipo de trato de favor. Además de superar una prueba médica, tramitaron esta petición a través del correspondiente expediente administrativo, que debía resolver el Ministerio de Interior.
Ayer mismo se recibió la respuesta a esta petición de licencia. Interior la denegaba debido a la propuesta negativa que había realizado la Delegación del Gobierno, a través de un informe que firma la titular de este departamento, Teresa Palmer. La representante del Gobierno en Balears ha emitido un informe desfavorable, en base a que no encuentra "una situación de especial riesgo, de tal entidad que la concesión de la licencia de armas de defensa personal sea imprescindible, por no poderse garantizar de otra forma su seguridad personal".
Se da la circunstancia que este informe de Teresa Palmer contradice el dictamen que semanas atrás realizó la Guardia Civil, que sí entendió que la situación actual que están viviendo el juez y el fiscal justificaba la autorización para tener una licencia y poder disponer de una arma de protección. Sin embargo, el informe de la Guardia Civil no es vinculante. De hecho, tiene mucha más trascendencia el dictamen que realiza la Delegación del Gobierno, que en este caso considera que la complicada situación que sufren el juez y el fiscal, debido a las decisiones que han adoptado contra los policías corruptos, no es razón suficiente para autorizarles a tener una pistola.
Es la primera vez que un juez y un fiscal de Mallorca han solicitado que se les autorice a adoptar medidas de seguridad personal porque se sienten amenazados como consecuencia de una investigación judicial. Pero en este caso esta situación se justifica porque otras personas, sobre todo testigos, sí han sufrido amenazas por parte de varios de los policías implicados en la trama y se teme que algunos de ellos se haya planteado utilizar la violencia contra los dos máximos responsables de la investigación.
Además, se han averiguado varios episodios que explicarían que el fiscal y el juez se sientan en estos momentos amenazados por los policías corruptos y que sufran el temor de que su integridad física está en peligro. El más grave lo protagonizó un agente, que presuntamente llegó a irrumpir en una reunión de los jefes de la Policía Local de Palma, y anunciar que estaba dispuesto a utilizar su pistola contra la jueza (la anterior instructora) y el fiscal. Ninguno de los oficiales presentes llegó a reaccionar ante estas amenazas y detener al policía, que había sido condenado por torturas.
Otro episodio que se está investigando se produjo tras la primera ronda de detenciones ordenadas por la entonces juez. Tras concluir de madrugada los interrogatorios y mientras se decidían las medidas cautelares, se vio a un vehículo de la Policía Local siguiendo a los dos fiscales Anticorrupción, situación que se interpretó como una muestra de fuerza de estos funcionarios y como un gesto de solidaridad con el grupo de compañeros implicados en este escándalo.
La mayoría de los policías investigados siguen en activo. Solo se han adoptado medidas preventivas contra alguno de ellos, pero en ningún caso se ha prohibido el uso del arma reglamentaria. Por tanto, debido precisamente a que los agentes sobre los que se centran las sospechas pueden disponer libremente de su pistola, ha motivado que el fiscal y el juez decidieran adoptar estas medidas de seguridad personal, sin imaginarse que la delegada del Gobierno se las denegaría.
