16 de enero de 2015
16.01.2015

La juez acusa a altos cargos políticos y policiales de amparar a los corruptos

El jefe de la Patrulla Verda, último detenido por su implicación en la trama policial. El alcalde Mateu Isern anuncia un expediente para los arrestados, duras sanciones internas y una remodelación del cuerpo, que afectará sobre todo al GAP

16.01.2015 | 02:45
Uno de los policías locales detenidos en la operación Sancus, custodiado por un guardia civil.

La juez que investiga la trama de corrupción en la Policía Local de Palma acusa a altos cargos policiales y políticos de la ciudad de haber amparado a los detenidos. Un apoyo que se traduciría en un ascenso dentro del escalafón policial, la mejora del puesto de trabajo o no haber sancionado a un agente interino que realizaba negocios particulares en las zonas donde patrullaba. Este último es el policía que recibió las preguntas de la oposición interna que fue amañada a favor de varios opositores.

Aunque los ochos agentes detenidos (dos de ellos ya están jubilados) quedaron en libertad en la madrugada del jueves, antes de que se adoptara esta decisión la juez ordenó nuevos arrestos. Y en concreto se procedió a la detención del jefe de la Patrulla Verda, Bartolomé C., acusado de estar implicado en esta trama. Se le acusa, inicialmente, de no realizar inspecciones a determinados locales o de no hacerlas correctamente. También se ha imputado, aunque no se había detenido aún, a otros funcionarios policiales.

La Guardia Civil y la Policía llevan meses investigando esta trama, protagonizada por un grupo determinado de policías, que habrían cometido estas actuaciones ilegales, sobre todo, en locales nocturnos de la Playa de Palma (algunos de ellos prostíbulos ) y del Paseo Marítimo.

Estos funcionarios, según la magistrada, facilitaban un trato de favor a estos locales reforzando su seguridad. Además, les avisaban cada vez que se iba a realizar una inspección o evitaban que se produjeran estas comprobaciones. También habrían evitado la persecución de delitos de tráfico de droga, pese a constatar que en alguno de estos locales se vendían estupefacientes. Además, habría provocado dichos delitos de narcotráfico en los locales donde no tenían intereses para perjudicar a determinados empresarios. Asimismo, apartaban a grupos de delincuentes a otras zonas de la Playa de Palma, para beneficiar a los locales que protegían y perjudicar a su competencia.

A cambio de este trato de favor los policías obtenían beneficios derivados de otras empresas a las que se dedicaban, como la gestión de máquinas expendedoras en los locales, el tapizado de los establecimientos o los servicios de limpieza. Además, disfrutaban de servicios sexuales gratuitos con prostitutas, participaban en fiestas donde aparecían chicas, se bebía alcohol y se consumía drogas. Uno de los policías, que ya está retirado, se dedicaba, según se señala en la investigación, a coaccionar a otros empresarios para que contrataran sus servicios de tapicería y de telas.

Las presuntas actividades ilícitas de este grupo afectaban también a otros policías. Algunos que se atrevieron a denunciar los hechos recibieron amenazas. Uno de los agentes que no aceptó estas prácticas tuvo que marcharse de Mallorca, después de que un grupo de delincuentes le amenazara persiguiéndole con varias motos.

Una de las actuaciones que denuncia la juez se producía en las prácticas de tiro. Los agentes detenidos gritaban los nombres de los compañeros que habían denunciado sus prácticas ilegales, al tiempo que disparaban con sus armas reglamentarias. Los investigadores interpretan que estos disparos representaban una amenaza clara.

Los investigadores reconocen que estas actuaciones ilegales se venían cometiendo desde hace años, pero que los actuales responsables de la Policía lo conocían y no hicieron nada para evitarlo Como lo demuestra, según señala la juez Carmen González, en la decisión de apartar de su destino a uno de los policías que estaba denunciando estos hechos. Este funcionario fue enviado a otro destino sin tramitarse ningún expediente. Fue suficiente la denuncia del entonces jefe del GAP, que es el subinspector que también ha sido detenido.

Reacción del alcalde
El alcalde de Palma anunció ayer que el Ayuntamiento ha abierto un expediente de suspensión de empleo y sueldo para seis de los ocho policías detenidos. Dos de ellos ya están jubilados y no se puede adoptar ninguna medida interna. Isern también anunció que los cuatro policías que pertenecen al GAP serán directamente expulsados de este destino para que no vuelvan a pertenecer a esta unidad.

El alcalde defendió ayer la actuación del concejal Guillem Navarro y el jefe de la Policía, Joan Mut.
Aclaró que la imputación de ambos se debía a un expediente disciplinario. Isern anunció una profunda reestructuración de la Policía Local, y que esta afectaría especialmente al GAP.

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