15 de enero de 2015
15.01.2015
Investigación

La trama de la Policía pagó la fianza de un agente detenido con los Ángeles del Infierno

Declaran en el juzgado los ocho agentes detenidos en la operación Sancus, acusados de corrupción en s'Arenal

15.01.2015 | 00:20

Los ocho policías locales detenidos por la Policía Nacional y la Guardia Civil en la operación Sancus, contra una presunta red de corrupción, con extorsión y favores a empresarios de locales nocturnos de s'Arenal, declararon a lo largo del día de ayer en las dependencias judiciales. La mayoría negaron las acusaciones y algunos manifestaron que llevaban muchos años apartados del Grup d'Actuació Preventiva (GAP), la unidad policial que aparece en el foco de la investigación. La trama tendría vinculaciones con la banda motera Ángeles del Infierno, que fue desarticulada en 2013 en la operación Casablanca. De hecho, uno de los oficiales arrestados ayer, Carlos V., ya lo fue entonces. Los investigadores sospechan que el resto del grupo reunió su fianza, que fue abonada por Tomás M., policía jubilado y padre de Tomás Javier M., oficial de GAP. Los dos, padre e hijo, están ahora entre los detenidos.

Los ocho detenidos en la operación Sancus –todos policías locales, aunque alguno de ellos jubilado– están acusados de cohecho, prevaricación, pertenencia a banda criminal, negociaciones prohibidas a los funcionarios y la omisión del deber de perseguir delitos. Cinco de ellos fueron arrestados por la Policía Nacional y tres por la Guardia Civil. Durante el tiempo que duró el arresto estuvieron aislados entre sí, y esto se mantuvo ayer en el juzgado.

La jueza Carmen González, que interrogó a los sospechosos con los fiscales Anticorrupción Joan Carrau y Miguel Ángel Subirán, ordenó que fueran trasladados al juzgado de uno en uno.

El primero de ellos, Gumersindo C., negó cualquier vinculación con la trama. Dijo que llevaba siete años apartado del GAP y que estaba convaleciente por un grave accidente de tráfico. Otro de ellos, el subinspector Tomás M., también manifestó que estaba de baja desde abril. El suboficial se negó a contestar a preguntas sobre la trama.

Los investigadores creen que la red habría pagado la fianza de uno de ellos, Carlos V., cuando fue detenido en la operación contra los Ángeles del Infierno. Además cuentan con varias grabaciones que incriminarían a los sospechosos.

La operación Sancus –nombre del dios romano de la lealtad, la honestidad y el juramento– se deriva de la operación Casablanca, llevada a cabo en julio de 2013 contra una rama de la banda motera Ángeles del Infierno asentada en s'Arenal, acusados de extorsiones, agresiones, prostitución y narcotráfico. Entre la treintena de detenidos de aquella macrooperación había un sargento de la Guardia Civil y dos agentes de la Policía Local que presuntamente colaboraban con los delincuentes. Uno de ellos era Carlos V.P.

La colaboración iniciada entonces entre el Grupo de Atracos de la Policía Nacional y el Grupo de Información de la Guardia Civil prosiguió con los flecos derivados de la operación Casablanca. De uno de ellos se llegó al presunto amaño de los exámenes a promoción interna en la Policía Local de Palma, que le costó el cargo al anterior jefe de la Policía, Antoni Vera, y al exdirector de Seguretat Ciutadana, Enrique Calvo. Junto a ellos están imputados por la presunta filtración de las respuestas de éxamenes varios de los detenidos el lunes, y algunos de ellos precisamente ascendieron en las oposiciones bajo sospecha.

Policía Nacional y Guardia Civil siguieron tirando del hilo. A lo largo de los meses siguientes descubrieron que un grupo de policías locales, vinculados sobre todo al GAP, mantenían relaciones irregulares con empresarios de la noche de s'Arenal. Las pesquisas apuntaban a posibles extorsiones, cobro por protección y favores que podían incluir informaciones sobre posibles inspecciones en sus locales que pretendían realizar otros policías.

Durante los últimos meses, una decena de agentes, sobre todo del GAP, pero también de la Patrulla Verda, fueron citados a declarar como testigos ante la Fiscalía Anticorrupción. Varios de ellos se quejaron de que habían sido posteriormente expedientados por denuncias interpuestas por los mismos oficiales que estaban siendo investigados. La causa judicial, que está secreta, cuenta con una veintena de tomos.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

¡Síguenos en las redes!